El drama de los desahucios no cesa en Mallorca: «Si no nos ayudan, nos veremos en la calle»

El problema que suponen los desahucios sigue yendo a más en Mallorca ante la pasividad del Govern balear y el Consell de Mallorca. La crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, junto a la errática gestión de las instituciones gobernadas por la izquierda y los nacionalistas en Baleares, ha provocado que los desalojos no cesen.

En la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma, el goteo de gente es constante día a día. Entre las muchas personas que solicitan amparo y ayuda, se encuentra una familia de Ecuador desesperada. Tanto la mujer como el hombre están en paro «por culpa de la pandemia» y con la responsabilidad de cuidar a su pequeña de dos años. «Si no nos ayudan aquí, nos veremos en la calle», lamenta la pareja.

Aunque el alcalde de la ciudad, el socialista José Hila, reconocía el pasado mes de mayo que su administración estaba haciendo frente a este grave problema social, los números actuales de desahucios revelan una realidad muy diferente. No en vano, la Plataforma Stop Desahucios asegura que, según sus últimas cifras, se produce un desalojo efectivo cada dos días naturales de media en Palma.

A esto hay que añadir que durante este 2022 no se edificará ningún bloque de vivienda pública en la capital balear. El Ejecutivo autonómico que preside Francina Armengol ha apostado por construir nuevas edificaciones sociales en Marratxí, Puigpunyent, Inca, Sant Llorenç, Santa Margalida, Binissalem, Esporles y Calvià.

Sin embargo, el grave problema de los desahucios no sólo se circunscribe a Palma. Stop Desahucios estuvo este viernes en Pollença para evitar que se desalojase a una mujer de 67 años con un 33% de discapacidad. Desde esta entidad afirmaron que había sido «una chapuza» la acción que se había llevado a cabo desde la Administración en esta localidad del norte de Mallorca. Además, creen que las políticas de Armengol y de la presidenta socialista del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, de ofrecer «viviendas sociales a los más vulnerables son insuficientes».

Lo mismo ocurre en otros municipios de la Isla. En Cala d’Or (Santanyí) van a desahuciar a 56 familias de un bloque de pisos en las próximas semanas. Entre ellas, hay más de 20 menores. «Los juzgados de guardia se hacen los locos a la hora de resolver las medidas cautelares a favor de las familias y tampoco designan un abogado de oficio para la acusación particular», explican desde esta plataforma. Aunque la socialista Armengol se empeña en expropiar a propietarios o crear viviendas sociales, el problema de los desahucios sigue latente en Baleares.