El delegado que pide explicaciones… a sí mismo

Pasada la medianoche del domingo, cuando las imágenes de las cargas al final de la manifestación contra la masificación turística ya circulaban por medio país, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, publicó un mensaje en X. Decía seguir «con preocupación» los hechos posteriores a la marcha, calificaba algunas imágenes de «inaceptables» y anunciaba que pediría un informe exhaustivo de las actuaciones «para que se asuman las responsabilidades que hubiere».

Léalo otra vez, despacio. El delegado del Gobierno anuncia que va a pedir explicaciones por un dispositivo policial que él mismo dirige. Es como si el capitán del barco tuiteara desde el puente que va a abrir una investigación sobre quién demonios ha ordenado el rumbo.

Conviene recordar lo que la Ley expone sin ambigüedad alguna: el delegado del Gobierno dirige los servicios de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma y ejerce la dirección política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en ella. Es la autoridad gubernativa. Le corresponde, literalmente, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Traducido: el número de furgones, el número de unidades de intervención, el criterio de contención, la orden de despejar y la decisión de cargar son responsabilidad de la cadena de mando que culmina en su despacho del Passeig de Sagrera. No en el agente que ejecuta.

Y aquí está lo grave, lo que a mi juicio marca la línea que el delegado ha cruzado. Cuando el responsable político de un dispositivo se descuelga a medianoche llamando «inaceptables» las imágenes de sus propios agentes, no está pidiendo transparencia: está buscando un culpable con uniforme. Está preparando la coartada.

Que se solicite un informe sobre una actuación con ocho heridos y un fotoperiodista golpeado no sólo es legítimo: es obligado. Que se investigue si hubo desproporción, si hubo agentes sin identificación visible, si el material y las maniobras fueron los adecuados, también. Nadie serio defiende lo contrario y menos quien lleva años trabajando en jurisdicción penal y es especialista en seguridad.

Pero un informe no es una tribuna. El responsable político que ya ha emitido el veredicto en X antes de recibir el primer atestado no está garantizando un procedimiento: lo está contaminando. Y está dejando a sus agentes –los mismos que este verano encadenan servicios en pateras, playas y macrofiestas con plantillas insuficientes– en la peor de las situaciones: expuestos públicamente por su propio jefe y sin nadie que explique por qué se diseñó así el operativo.

Porque esa es la pregunta que nadie del PSOE ha respondido todavía: ¿quién decidió el dispositivo? ¿Quién autorizó las cargas? ¿Y dónde estaba el delegado del Gobierno mientras 25.000 personas -70.000, según los convocantes- recorrían Palma?

Alfonso Rodríguez Badal es licenciado en Filología Hispánica, profesor de Secundaria durante décadas, entrenador nacional de baloncesto y fue alcalde de Calvià entre 2015 y 2023, además de portavoz del PSIB-PSOE. Un currículum respetable. Y absolutamente ajeno a la gestión de la seguridad pública, lo más cerca que ha visto un operativo policial es la pantalla de su teléfono.

No hay en su trayectoria una sola experiencia en dirección de operativos, en orden público, en gestión de crisis migratorias ni en coordinación de cuerpos policiales, ni seguridad, ni derecho ni criminología, nada. Llegó al cargo en diciembre de 2023 por la vía que todos conocemos: cuota orgánica del PSIB, apadrinamiento interno y reparto de sillas tras la marcha de Aina Calvo a Madrid. No por mérito técnico.

Eso no es una descalificación personal: es la constatación de un problema estructural. La Delegación del Gobierno no es un premio de consolación para los enchufados del partido. Es la autoridad que responde de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en un archipiélago que multiplica su población en verano, que soporta la mayor presión migratoria de su historia y que este domingo vivió la protesta más multitudinaria en años. Cuando llega el día del examen, la falta de oficio se nota. Y se notó.

Quien quiera un precedente no tiene que ir lejos. En 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras. En lo que va de 2026 ya superamos las 3.000 en cerca de 200 embarcaciones, con Ibiza y Formentera al borde del colapso administrativo. La Delegación rechazó la solicitud de contingencia migratoria del Govern asegurando que la capacidad de acogida no se había sobrepasado. Y en octubre del año pasado, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se concentraron frente a la propia Delegación para reprochar al delegado un «discurso triunfalista» sobre el aumento de efectivos.

El patrón se repite con precisión de reloj: negar la magnitud del problema, ofrecer cifras infladas, culpar a Rajoy de recortes de hace una década y, cuando el asunto estalla, mirar hacia otro lado. Este domingo, el destinatario del reproche ha cambiado. Ahora los que sobran son los agentes.

Nada de esto se entiende sin el calendario. Faltan diez meses para las autonómicas. El PSIB necesita un relato y necesita no aparecer en la foto de la porra. Por eso el delegado se sitúa del lado de los manifestantes a la una de la madrugada: porque la manifestación era transversal, masiva y socialmente incontestable, y quedarse en el lado del dispositivo salía caro en votos. Es política pura y bastante burda. Se sacrifica a la Policía Nacional para salvar el marco electoral.

La cadena, además, es enteramente socialista y enteramente mallorquina: el delegado responde ante la Secretaría de Estado de Seguridad, que ocupa desde junio de 2025 Aina Calvo —ex alcaldesa de Palma y ella misma ex delegada del Gobierno en Baleares—, y el PSIB tiene en Madrid a su vicesecretaria general, Rosario Sánchez Grau, también ex delegada del Gobierno, hoy secretaria de Estado y candidata en ciernes. Tres cargos, tres gestiones chapuceras, un partido, una isla.

Pues bien: si el operativo fue desproporcionado, la responsabilidad no se detiene en Palma. La dotación de medios, los criterios de intervención en manifestaciones y la doctrina de orden público dependen de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y de Madrid, este lunes, no se ha oído absolutamente nada. Silencio de las dos dirigentes que mejor conocen las Islas y que más deberían tener que decir.

Es el viejo esquema del socialismo balear: los cargos se ocupan aquí, las carreras se hacen allí y las responsabilidades no se asumen en ninguna parte.

Termino donde empecé, porque el dilema es sencillo y no admite terceras vías. Si las cargas estuvieron justificadas —y hubo lanzamiento de objetos, encapuchados y una detención—, el delegado debía haber salido a defender a sus agentes y a explicar el dispositivo, no a insinuar que él no tuvo nada que ver.

Si no lo estuvieron, la responsabilidad política es suya, del primero al último furgón, y lo que corresponde no es un tuit compungido: es comparecer, dar la cara y, en su caso, poner el cargo a disposición.

Lo que no cabe es la tercera opción, que es la que ha elegido: indignarse en redes contra el resultado de sus propias decisiones. Eso no es dirigir la seguridad de Baleares. Es hacer campaña con el uniforme de otros.