El Consell de Mallorca no ofrecerá asistencia a los 450 menas que tutela para acogerse a la regularización

El Consell de Mallorca, gobernado en coalición por PP y Vox, no ofrecerá asistencia a los 450 menas que tutela para acogerse a la regularización, si bien la casi totalidad de los que tienen entre 16 y 17 años ya disponen de una autorización temporal que les habilita a residir y trabajar, si bien en la práctica, la integración laboral de estas personas es más que compleja.

De estos cientos de menas y ex tutelados, los que cumplan con los requisitos podrán acogerse a la regularización masiva de inmigrantes ilegales del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que llegaron a España antes de diciembre del año 2025.

Desde el IMAS fuentes oficiales consultadas sobre si se ha abierto un proceso informativo sobre el particular para tramitar la documentación necesaria, aseguran que «no se está llevando a cabo ninguna acción específica de ningún tipo relacionada con este proceso de regularización masiva de inmigrantes, y ni hay previsto hacer nada».

De hecho, esta misma semana el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la reunión mantenida por la presidenta del Govern, Marga Prohens, con la ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, Sira Rego, exigía a la dirigente del Gobierno de Sánchez la repatriación de los menores que llegan al archipiélago que tienen contacto permanente con sus familias. Una medida a lo que se opone un Ejecutivo como el de Sánchez, cuya prioridad es, además de la regulación masiva en marcha, generar un efecto llamada con cada medida que adopta en materia de inmigración.

De ahí que Baleares haya recibido ya un 20% más de inmigrantes en este primer cuatrimestre del año y que, como quedó de manifiesto en esa reunión de esta semana, los centros de atención de menas de las islas estén en una “situación límite” ya que acogen a 733 menores inmigrantes no acompañados, lo que representa alrededor de dos tercios del total de menores tutelados en las islas.

Esta cifra supone 327 menores por encima de la capacidad ordinaria de acogida asignada por el Estado, superando en más de un 80% dicha capacidad y alcanzando niveles de sobreocupación del 1.000 %en las plazas específicas para menores inmigrantes.

Por ello insistió Prohens en que «no es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad», porque el sistema hace tiempo que está desbordado y ya no es posible garantizar una atención en condiciones de dignidad por falta de recursos económicos, de infraestructuras y de profesionales disponibles.

Algo que el Gobierno de Sánchez conoce de sobra. Sin embargo, y pese a ser plenamente consciente de ello, no sólo le trae sin cuidado, sino que fomenta la política de manga ancha con la inmigración ilegal, como así reflejan los datos récord de afluencia de inmigrantes a Baleares y al conjunto de España, y la casi nula financiación estatal para su mantenimiento.

Baste iniciar que el Gobierno aportó a Baleares para esta cuestión unos 7,8 millones de euros, cuando sólo el Consell de Mallorca prevé desembolsar en 2026 hasta 49 millones de euros, en el cuidado y mantenimiento de centros sociales de acogida y tutela y en el abanico de programas de atención integral a la infancia y adolescencia, donde dos de cada tres menores son menas.