Los concesionarios de chiringuitos de playa exigen a Prohens que elimine trabas en la nueva Ley de Costas

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 01/02/2024 13:43
  • Actualizado: 01/02/2024 13:51

Los concesionarios de chiringuitos de playa de Baleares exigen al Govern de Marga Prohens que, como prometió en campaña, elimine trabas burocráticas en la redacción de la futura Ley Balear de Costas.

Los empresarios agrupados en la denominada Asociación de Concesiones o Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA), constituida formalmente el pasado mes de julio, han solicitado una serie de encuentros y reuniones con representantes institucionales, en el objetivo de dialogar y abordar cuestiones relacionadas con el articulado de esta nueva legislación.

Especialmente, todo lo que afecta a la autorización de instalaciones temporales de establecimientos de restauración y chiringuitos en diversas zonas de Mallorca.

Si bien desde esta asociación manifiestan una «cierta tranquilidad» tras la nueva creación de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, consideran importante iniciar contactos para tratar directamente con los representantes públicos los aspectos que más preocupan a estos negocios.

«Hay que avanzar en la redacción de la nueva ley para encontrar soluciones que eliminen trabas burocráticas y restricciones permitiendo la continuidad de la actividad económica de sus asociados, al mismo tiempo que se preserva el entorno natural y asegura la calidad de la oferta turística», afirma el presidente de ADOPUMA, Onofre Fornés.

En concreto, ya se ha solicitado reunión formal con la Dirección General de Costas y Litoral, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB).

Hay que recordar que en la pasada campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas de mayo, Prohens se comprometió con estos empresarios a impulsar una legislación propia que permita salvar los chiringuitos playeros de Baleares que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, y la  entonces presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ponían contra las cuerdas con las restricciones derivadas de la modificación del reglamento de Costas.

De hecho, en los puntos 43 y 44 del acuerdo programático suscrito entre PP y Vox en Baleares, ambas formaciones se comprometen a aprobar una Ley Balear de Costas para «garantizar la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles ya existentes y necesariamente ligadas al litoral, como restaurantes de playas o chiringuitos, su ordenación urbanística y uso turístico con la protección y preservación de la costa».

A su vez, también se comprometen en ese pacto, que ahora está en entredicho por la crisis interna en la que está inmerso Vox en Baleares, a negociar con el Gobierno de España «una modificación de la normativa en materia de costas y litoral, con el fin de hacer compatible la actividad humana en la zona costera con la preservación del medio ambiente y los espacios naturales».

Ante estos compromisos del Govern de Prohens, el portavoz de los empresarios ha recordado la importancia de la unión de todos los titulares  que ostenten concesiones. «Les invitamos a unirse a la asociación para que juntos tengamos mucha más fuerza», a la vez que ha destacado que «no sólo conseguirán una representación a sus intereses con voz más potente e influyente, sino que tendrán además todo tipo de asesoramiento, apoyo y acompañamiento en los problemas que puedan sufrir ahora o en el futuro sobre concesiones o explotaciones».

Los empresarios agrupados en ADOPUMA, que se incorporarán en breve a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), se unieron la pasada legislatura, tras verse afectados por la decisión de la Demarcación de Costas de no autorizar instalaciones temporales de establecimientos de restauración y chiringuitos de playa en diversos lugares de Mallorca.

Por ello, remarcan que su razón de ser es actuar en defensa de los intereses generales de sus asociados y servir de órgano de unión y coordinación de sus miembros, fomentando el espíritu de solidaridad entre los mismos, así como cooperando con la Administración y las organizaciones sociales y empresariales representativas.