Consell de Govern

Baleares aprueba el incremento salarial del 2% para los profesores de la enseñanza concertada

El Govern autoriza la ampliación del número de plazas concertadas en la residencia de Sóller

La asociación Plis denuncia la infrafinanciación de la enseñanza concertada

Alumnos en una colegio concertado de Palma.
Alumnos en una colegio concertado de Palma.

El Govern balear ha aprobado este lunes el incremento salarial del dos por ciento para el profesorado de la enseñanza concertada para los años 2022 y 2023. El Consell de Govern ha autorizado este lunes al conseller de Educación y Formación Profesional a tramitar el expediente de gasto por un importe de 3,5 millones de euros para 2022 y de 2,1 millones de euros para 2023, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para los docentes de los centros del ámbito de la enseñanza privada concertada.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, respecto a este 2022, los 3,5 millones de euros se añaden a los 12,7 millones destinados al profesorado de los centros públicos y suponen un total de 16,3 millones de euros.

De este incremento se benefician cerca de 19.400 docentes de las Islas, de los que 15.400 trabajan en los centros públicos y 4.000 en los centros concertados, informa Europa Press.

Este proyecto debe autorizarlo el Consell de Govern, ya que la iniciación de cualquier expediente de gasto por parte de las entidades que integran el sector público empresarial y fundacional del que se puedan derivar obligaciones económicas para la entidad superiores a 500.000 euros requiere esta autorización.

Sóller Invest

Por otra parte, el Consell de Govern, a petición de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, ha autorizado ampliar el número de plazas concertadas con la entidad Sóller Invest, SL, en la residencia Fontsana Sóller, que pasarán de 90 plazas a 105.

Según ha explicado Negueruela, se destinarán 956.986 euros a la residencia con cargo a las partidas presupuestarias de 2022, 2023, 2024 y 2025.

Las plazas son para personas mayores en situación de dependencia y el objetivo es ofrecerles los servicios de acogida residencial y asistencia integral, con la función de sustituir el hogar habitual de forma permanente o temporal, para mejorar las condiciones de vida tanto de las personas mayores como de sus familias.

Según han recordado en una nota de prensas, las administraciones recurren a los conciertos para complementar el sistema público y garantizar una adecuada equidad y calidad de las previsiones incluidas en la cartera de servicios o del servicio de orientación profesional.

La cooperación mediante esta acción supone la adscripción funcional de los servicios correspondientes a la Red Pública de Servicios Sociales y supone que las entidades concertadas, independientemente de la naturaleza jurídica, se sometan a un catálogo de obligaciones de control que pueden afectar al plan de cuentas y al sistema contable, así como los sistemas de información, el control de calidad, la auditoría de cuentas, las auditorías de protección de datos y la presentación de una planificación trienal de recursos humanos e inversiones.

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