Ayuntamiento de Palma y Gobierno desatascan las obras del Baluard del Príncep tres años después
Firmarán un protocolo de actuación para impulsar un proyecto ejecutado en un 92%
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años por exigencia del Ministerio de Transportes
Ayuntamiento de Palma y Gobierno desatascan las obras del Baluard del Príncep tres años después de su paralización por la quiebra de la empresa adjudicatarias de unos trabajos que ya están ejecutados en un 92% y cuya ejecución depende del Ministerio del socialista Óscar Puente.
La Junta municipal de Gobierno ha aprobado hoy la firma de un protocolo de actuación con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el objetivo de finalizarlas.
Lo ha anunciado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz municipal, Mercedes Celeste.
El protocolo de actuación, ha detallado, hace referencia a las obras de restauración y rehabilitación del Paseo de Ronda de las murades de Palma en el sector del Baluard del Príncep.
Estas actuaciones, ha recordado la regidora, se iniciaron en 2008 y se distribuyeron en seis fases diferentes. Las cuatro primeras se ejecutaron entre 2009 y 2017, mientras que las dos últimas se iniciaron a principios de 2020.
No obstante, debido a la llegada de la pandemia del coronavirus y a los «problemas» que tuvo la empresa, ha apuntado Celeste, las obras se tuvieron que interrumpir.
En noviembre de 2024 el Ayuntamiento presentó al Ministerio un proyecto actualizado para acabar las dos fases pendientes, cuantificado en cerca de 1,8 millones de euros, que fue antes aprobado por la Junta de Gobierno.
Desde ese momento no se han licitado las obras y ahora, «con el objetivo de desbloquear esta situación», el Ayuntamiento y el Ministerio firmarán este protocolo con el que se espera dar solución al bloqueo.
El protocolo establece un marco de colaboración institucional «sin compromisos económicos ni jurídicos vinculantes», ha detallado la portavoz.
En base al documento, el Consistorio será el encargado de gestionar los trámites administrativos, autorizar las intervenciones y el uso público y colaborar en la licitación.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, deberá supervisar y aprobar el proyecto, licitarlo y financiarlo, así como realizar el seguimiento técnico y administrativo.
Cada institución debe designar un responsable para mantener reuniones periódicas en las que realizar un seguimiento de las actuaciones, coordinar y revisar el avance del proyecto.
Aunque las actuaciones están ya realizadas en un 92%, ha indicado Celeste, el protocolo tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable otros tantos, por exigencia del Ministerio, que es quien debe financiarlas.
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