El alcalde Hila reconoce deficiencias en la notificación de multas pero se niega a quitarlas

El Ayuntamiento de Palma reconoce deficiencias en la notificación de multas de tráfico y urbanísticas pero se niega a quitarlas, con el agravante de que al haber cumplido el plazo de pago voluntario para beneficiarse de la reducción del 50% del importe, los afectados no pueden acogerse al mismo y encima puede duplicarse o triplicarse la cantidad final a pagar.

Una situación que no es nueva pero que en estos momentos empieza ya a ser más que preocupante «por la indefensión de los ciudadanos» ante la administración municipal, tal y como expresó la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, a los representantes de un gobierno municipal encabezado por el alcalde socialista José Hila, que es consciente de lo que está sucediendo, pero no toma cartas en el asunto y saca tajada de unas sanciones por las que tiene previsto ingresar 20 millones de euros este año.

La denuncia de Moilanen se produjo durante su intervención en la denominada Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, donde reveló casos de denuncias a ciudadanos a los que se les habría falsificado la firma de la notificación y aun así el Consistorio no ha rectificado y procedido al cobro de la sanción. Una forma de proceder que no es de extrañar en un gobierno municipal que ha disparado la recaudación de multas imponiendo, sólo al tráfico rodado, 409.300 en 2021.

Ante esta situación de indefensión, ediles como el regidor no adscrito a ninguna formación y ex de Ciudadanos, Josep Lluís Bauzá, y Guillermo Sánchez (PP) instaron al concejal de Movilidad, el socialista Francesc Dalmau, a paralizar la tramitación de estas sanciones, ante la gravedad de la denuncia realizada por Moilanen y las consecuencias que podría acarrear.

Pero lejos de reconocer errores, el edil Dalmau zanjó el asunto culpando a los conductores de la imposición de las multas de tráfico e instando a los palmesanos a no cometer unas infracciones que, en el caso de las sanciones urbanísticas, su importe puede alcanzar varios miles de euros, por lo que la falta de notificación y el recargo consiguiente, puede dispararlo.

Moilanen no pudo precisar en su intervención el número de posibles afectados por estas irregularidades jurídicas en la obligatoria doble notificación, ya que, como apuntó, hay muchos ciudadanos que se enteran cuando el Ayuntamiento les ha hecho efectivo el cobro, otros pagan sin reclamar aunque sea con recargo, los menos, son los que van a las dependencias municipales a reclamar y, menos aún, los que denuncian en la Oficina del Defensor de la Ciudadanía en la Porta des Camp de Palma.