Andalucía
Inmigración ilegal

Vox Andalucía acusa al PP de no querer frenar la inmigración ilegal: «África no cabe en Europa»

El PP ha votado en contra de una Proposición No de Ley (PNL) de Vox para luchar contra la inmigración ilegal

La guerra entre Vox y el PP en Andalucía está cada vez más candente. La formación que dirige Santiago Abascal acusa a los populares de no poner remedio al evidente problema de la inmigración ilegal que sacude a la comunidad, a la que llegan pateras a diario. En el seno de Vox Andalucía entienden que el PP de Moreno Bonilla se ha unido a «toda la izquierda, incluida la radical», al tumbar una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la que reclamaban medidas para combatir y poner freno a la inmigración ilegal.

Vox, así las cosas, se ha quedado solo defendiendo medidas de “simple sentido común”, como ha resaltado el portavoz adjunto de la formación en la comunidad, Ricardo López Olea, que ha sido encargado de defender la misma, y que ha recordado que, por mucho que PP y PSOE «nos vendan las bondades del multiculturalismo, éste no es ningún valor, es una herramienta de destrucción de comunidades”.

“África no cabe en Europa”, ha aseverado de manera tajante López Olea, tras subrayar que el problema de la inmigración ilegal que sufrimos en Andalucía “no son cuatro refugiados que huyen de una guerra, son decenas y centenas de miles en toda Europa y no huyen de ninguna guerra”.

En concreto, la PNL defendida por Vox y que PP, PSOE y toda la izquierda han tumbado uniendo sus votos, contenía un total de 19 puntos de acuerdo con exigencias tanto a Junta de Andalucía como al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre éstas, solicitábamos «reprobar» al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ser «responsables de los ataques contra la libertad y la seguridad de los vecinos o ciudadanos de nuestra región derivados de la reubicación de los inmigrantes ilegales».

También se reclamaba al Gobierno de Moreno Bonilla “acabar con las políticas de efecto llamada” porque “las falsas promesas de un futuro mejor en Europa” han propiciado que “miles de personas se jueguen la vida y perderla trágicamente”; así como “eliminar las subvenciones” a toda aquellas asociaciones y organizaciones que “promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas”.

Igualmente, se solicitaba al Ejecutivo del PPsuspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios” en los acuerdos bilaterales suscritos; y “suspender la cooperación al desarrollo” con los países que tengan “paralizadas” las negociaciones con la Unión Europea para la readmisión de inmigrantes”, entre ellos, Argelia o Marruecos.

La iniciativa de Vox pedía “poner todos los medios” para “no habilitar ninguna partida presupuestaria” dedicada a “la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra región”; requería al Gobierno de Moreno Bonilla «suspender de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o, en su caso, a cualquier oenegé que opere en Palestina» a fin de «evitar que ni un solo euro de los españoles vaya destinado a organizaciones terroristas como Hamás».

“Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país», promover políticas para dejar claro que “cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ningún tipo de ayuda pública»; así como “impulsar las reformas legales” con la idea de que “ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo” y “endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal”, eran otras de las demandas de Vox.

La iniciativa de Vox incluía exigir a la Junta requerir al Gobierno de Sánchez «refuerzos de personal para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería» con el objeto de que «ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la Administración».