Andalucía

Teresa Ribera planta al Parlamento andaluz y rechaza comparecer por la ley de regadíos de Doñana

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha rechazado este martes comparecer en la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, donde había sido citada en relación a la proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío en torno a Doñana.

La de Teresa Ribera es una de las 21 citas programadas en dicha comisión para este martes en el marco de las comparecencias de agentes sociales dentro de la tramitación parlamentaria de dicha proposición de ley, promovida por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, sobre la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables en municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, que afecta a los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).

La comparecencia de Teresa Ribera estaba fijada para las 18:40 horas de este martes, según el listado publicado en la agenda del Parlamento andaluz, si bien Ribera ha comunicado a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, que no comparecerá.

El Ministerio ha hecho llegar su rechazo a la citación a través de un correo electrónico en el que «agradece la invitación» a acudir a dicha comisión, pero la rehúsa en base a «dictámenes del Consejo de Estado, que establecen que ministros no están obligados a comparecer ante asambleas autonómicas», según han explicado fuentes del Parlamento de Andalucía a Europa Press.

La relación de comparecencias incluye un bloque de doce citaciones en sesión de mañana y otro de nueve -incluida la de Teresa Ribera- en sesión de tarde, de 20 minutos de duración aproximada cada una de ellas.

Reproches de Bosquet

La presidenta del Parlamento andaluz ha reprochado este martes la ausencia de Ribera al considerar que «era una oportunidad de oro de aportar», pero al declinar su comparecencia demuestra que «poco le importan los regantes de Doñana».

«Desde el Parlamento se había pedido la comparecencia de la ministra porque como ministra, en una ley de ese calado, tiene mucho que decir. Incomprensiblemente, ha declinado la invitación alegando un motivo al que nos tiene acostumbrados», ha lamentado Bosquet.

La presidenta del Parlamento andaluz ha recordado que los representantes del Gobierno se remiten a un dictamen del Consejo de Estado sobre la no obligación de comparecer en una comisión parlamentaria autonómica, aun cuando la presidenta del Parlamento ha advertido que «no es una comisión de investigación».

Por su parte, la senadora de Cs por Huelva, María Ponce, ha registrado una solicitud de comparecencia de la ministra en el Senado tras rechazar hacerlo en Andalucía.

Críticas de PP y Vox

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha asegurado que la ministra Ribera no se «atreve» a comparecer porque sabe que se le iba a decir «a la cara que miente» sobre las intenciones de dicho texto.

El popular ha indicado que la «demagogia en política siempre es injusta con el ciudadano porque lo confunde y utiliza, y demagogia es la palabra que mejor expresa lo que la ministra y el Gobierno están haciendo con la polémica de Doñana. Ha preferido no comparecer y quedarse al abrigo de su sillón y despacho en Madrid».

Asimismo, el diputado autonómico de Vox Rafael Segovia ha calificado de «desprecio absoluto» al Parlamento y a los agricultores de Huelva la ausencia de la ministra en la comisión, al «no haber dado excusas siquiera».

Segovia ha reconocido que ninguno de los citados estaba obligado a comparecer, aunque ha lamentado la «falta de interés»: «Tenemos la obligación moral de colaborar en la solución del problema, y más una ministra de España».

Además, el diputado onubense ha aclarado que el objetivo de Vox «es hacer compatible el desarrollo de la agricultura en la provincia de Huelva con el mantenimiento del parque de Doñana» y rechazado las críticas del Gobierno central y de ecologistas a la proposición de ley, como las de WWF, que ha presentado esta propuesta «como un auténtico atentado en su afán de criminalizar a los agricultores», que lo único que piden es «poder trabajar y tener agua superficial para poder regar sus territorios».