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Sánchez sigue torpedeando el decreto de Andalucía que elimina los excesos burocráticos impuestos por la Junta socialista

El Gobierno de Sánchez, a través de su Consejo de Ministros, ha solicitado  con carácter urgente el dictamen al Consejo de Estado para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos del decreto de la Junta de Andalucía. Un decreto que eliminaba toda la maraña burocrática establecida por la Junta socialista durante más de 37 años y a través de la cual se eliminaban trabas hasta tal punto que los permisos tardarían hasta 20 meses menos en obtenerse.

El PP andaluz, de hecho, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de volver a «atacar la autonomía de Andalucía» ante un posible recurso al Tribunal Constitucional del decreto de simplificación normativa y ha considerado que busca poner «trabas» a la recuperación económica de la comunidad.

El portavoz de Hacienda en el Parlamento, Pablo Venzal, ha defendido en un comunicado que el decreto de simplificación que aprobó la Junta de Andalucía «es ahora más urgente y necesario que nunca» para solventar las «duras consecuencias» del coronavirus y la crisis económica que se está generando.

El Gobierno, por su parte, ha dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional el decreto ley de simplificación normativa aprobado por la Junta de Andalucía de manera urgente para facilitar la reactivación económica ante la crisis por el coronavirus y expone, entre otras cosas, que el Ejecutivo autonómico lo ha usado para modificar una variedad de normas sin tener para todos los casos capacidad para hacerlo, «título habilitante».

«En el Consejo de Ministros se pone de manifiesto la ausencia del presupuesto habilitante del uso del Decreto-ley», afirma el Gobierno en el acuerdo aprobado por el Consejo este martes, por el que solicita informe al Consejo de Estado sobre la posibilidad de recurrir la norma.

Entiende el Ejecutivo que el decreto modifica «multiplicidad de normas heterogéneas» por medio de una vía extraordinaria y urgente «que limita la tramitación y participación social en dicha modificación», y que en esta ocasión se ha utilizado sin que la Junta de Andalucía tenga en todos los casos «título habilitante para ello».

El PP, por su parte, ha denunciado que el Gobierno de Sánchez, «aliado a los intereses partidistas de PSOE y Podemos», se pone «en contra» de los intereses de los andaluces «y vuelve a atacar nuestra autonomía para tumbar una medida histórica» que en su opinión persigue «corregir 37 años de errores socialistas al frente de la Junta».

Además, ha denunciado el «cinismo» del Gobierno por anunciarlo en rueda de prensa «cuando no fue capaz de comunicárselo en persona al presidente de la Junta -Juanma Moreno- en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada hace sólo dos días».