El PSOE dejó la Junta de Andalucía con más de 1.000 millones en pagos pendientes de justificar

El PSOE dejó la Junta de Andalucía con más de 1.000 millones de euros en pagos pendientes de justificar, alguno de ellos desde 1987. Los sucesivos gobiernos socialistas de Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz fueron engordando la cifra año a año, década a década, si bien el plan de choque puesto en marcha por el actual Ejecutivo de Juanma Moreno ha logrado reducir la cuantía en un 25%.

La Cámara de Cuentas, que denuncia la «insuficiencia» de los controles, ha detectado un total de 1.047,16 millones de euros en pagos pendientes de justificar en la Cuenta General de la Junta de Andalucía en 2019 -986 millones hechos por las consejerías y 61,66 millones realizados por agencias administrativas y de régimen especial-. No obstante, esta cifra se redujo un 25% en el primer trimestre de 2021 con la activación del plan de reducción de libramientos pendientes de justificar y del decreto-ley 1/2020.

En su informe, el ente fiscalizador explica que la orden de pago con cargo al presupuesto debe ir siempre acompañada de los documentos que acreditan el motivo del pago, pero hay casos en que esta justificación puede ser posterior dentro de un plazo. En este caso recibe el nombre de libramiento con carácter ‘a justificar’.

Así, la Cámara de Cuentas apunta que los libramientos incluidos en la Cuenta General de 2019 «no resultan conformes con la normativa aplicable» y detalla que el 55,2% de estos libramientos tienen su origen en el ejercicio 2012 y anteriores, incluso alguno se remonta a 1987. Este último es el caso de un libramiento por importe de 574.412,55 euros sin «ninguna documentación contable ni justificativa» de hace más de 30 años, pero que para el que se ha dictado resolución de prescripción del derecho a exigir reintegro por el mismo.

Además, del total de estos pagos pendientes de justificar, la mayoría se corresponden con los capítulo 4 y 7 del presupuesto, el de transferencias corrientes -430,4 millones- y el de transferencias de capital -593,07 millones-. De igual manera, el 47,21% tienen como destinatario el sector privado y el 52,79% están pendientes de justificar por entidades pertenecientes al sector público.

Además, según el ente fiscalizador, esta cifra de pagos pendientes de justificar puede aumentar, porque en la Cuenta General no se han incluido libramientos por un importe de 42,80 millones. A lo que se añade que otros 140,09 millones no se incluyeron aunque la fecha de vencimiento para ser justificados era el último día del ejercicio. De considerar o no este último día como dentro o fuera del plazo supone un aumento del 12,8% en el importe total.

Por otro lado, apunta que que en el ejercicio 2019 se dieron de baja del sistema contable 129 libramientos por 7,31 millones por prescripción, de los que el 92,31% se registraron en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

También señala que el sistema contable Giro «no distingue» entre los dos grandes tipos de obligaciones sujetas a justificación, como sí hacía el anterior, Júpiter. Por otra parte, el sistema contable no informa sobre quién es el obligado a justificar los libramientos en el caso de entidades del sector público disueltas y liquidadas.

De igual manera, ha detectado incoherencias que ponen de relieve «la insuficiencia de los controles de validación de datos que verifiquen la coherencia interna de la información cumplimentada».

Plan de reducción

La Cámara de Cuentas ha tenido en cuenta en su informe el Plan de reducción de libramientos y el decreto-ley 1/2020. Con estas medidas, el saldo del primer trimestre de 2021 es un 31% inferior al de sólo dos trimestres anteriores y un 25% inferior respecto al importe registrado al cierre de 2019.

Así, el descenso es más acusado entre aquellos libramientos que tienen una antigüedad superior a cuatro años, por lo que «las medidas adoptadas están permitiendo la disminución de los saldos con altas probabilidades de prescripción del derecho a exigir reintegro».

Ante esta situación, la Cámara de Cuentas recomienda que el sistema contable pueda diferenciar entre pagos a justificar y pagos en firme con justificación diferida; establecer controles en la grabación de datos y que la fecha de vencimiento del libramiento se refleje de forma exacta.

En cuanto a las bajas por prescripción, insta a desarrollar una normativa que regule el procedimiento, algo que también incluya los supuestos de reordenación del sector público.

Por último, la Cámara de Cuentas insta a clasificar todos los libramientos pendientes de justificar, requerir su cumplimiento, comprobar la documentación justificativa, requerir el integro de lo no justificado y agilizar la tramitación de los reintegros iniciados para reducir el riesgo de caducidad.