Nueva condena por los ERE a un empresario por recibir una subvención ilegal de la Junta socialista

Un empresario del sector de la carpintería ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a un año de prisión como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación por una ayuda de 25.000 euros que fue concedida por la Junta socialista de Andalucía a la empresa que él lideraba a través del mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas ilegales a empresas.

Así ha sucedido en la sesión celebrada este lunes por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes del procedimiento judicial, que son la Fiscalía Anticorrupción, la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía, la acusación popular ejercida por el PP andaluz y la defensa del acusado, identificado como Alfonso P.G., responsable de la extinta empresa Carpintería Pérez y Fuentes, radicada en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El acuerdo de conformidad, mediante el cual el inculpado ha reconocido los hechos y la petición de condena de la Fiscalía ha sido «sustancialmente rebajada», según el tribunal, de cuatro años y medio de prisión a un año y un día de cárcel; contempla además tres años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como la obligación de restituir a la Junta de Andalucía la cuantía de 25.000 euros.

Reconoce los hechos

Dado el caso, Alfonso P.G. ha admitido los hechos y ha aceptado la mencionada pena, tratándose de otra más de las piezas de los ERE cuyos acusados son beneficiarios de los fondos ajenos a la esfera institucional, que se resuelve mediante conformidad entre las partes.

El pasado mes de junio, sin ir más lejos, el empresario responsable de las sociedades Escayolas Saavedra y Yecom aceptaba una condena de un año y siete meses de cárcel, tres años y medio de inhabilitación absoluta y el mismo periodo de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como cooperador necesario de delitos de prevaricación y malversación, por una ayuda de 300.000 euros concedida en 2008 de manera «injusta» y «al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido», también mediante el mecanismo de los ERE.

Picos Yeye

Esta serie de conformidades fue inaugurada en noviembre de 2022 por el empresario J.B.C., administrador único de la empresa Picos Yeye y Cohollero, radicada en Puerto Real (Cádiz) y dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos de panadería, bollería y pastelería.

En su caso, fue condenado a un año y seis meses de cárcel, con la imposición además de restituir la cuantía de 120.000 euros a las arcas públicas, después de que inicialmente la Fiscalía reclamase para él dos años y nueve meses de cárcel.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía para este caso, aceptado por este acusado y similar al resto de casos, el inculpado, a la hora de recibir los fondos, era conscientes de que «se había prescindido injustamente del procedimiento legalmente establecido, pues no se tramitó ningún procedimiento para conceder la ayuda» pública recibida.