Un juzgado de Sevilla solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre despliegue policial en el acto de Vox

El Juzgado de Instrucción número once de Sevilla ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre el «desorbitado» despliegue policial que el pasado 17 de marzo impidió «el acceso libre» de la ciudadanía a la Plaza Nueva de la capital para presenciar la rueda de prensa pública convocada por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Cabe recordar que Vox se querelló contra la ex delegada del Gobierno central en Andalucía Sandra García; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano; el alcalde hispalense, Juan Espadas; y su edil de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, a quienes acusa de delitos de coacciones, abuso de poder y prevaricación.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, tras la recepción de la querella en el juzgado en funciones de guardia aquel 17 de marzo, el pasado 4 de mayo, el Juzgado de Instrucción número once remitió un escrito a la Fiscalía de Sevilla, en demanda de que dicha instancia emita su correspondiente informe.

Expediente sancionador a Vox

En paralelo, según figura en una respuesta parlamentaria del Gobierno central a Más País y recogida por Europa Press, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla «ha abierto expediente sancionador contra el promotor de la concentración», el portavoz de Vox en Dos Hermanas y asesor de la formación en la Diputación, Adrián Trashorras, «porque no se comunicó como tal, sino como una rueda de prensa». Cabe destacar el hecho de que Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, es hermano del alcalde socialista de Dos Hermanas.

«La apertura del expediente se ha acordado tras los informes emitidos por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Sevilla y la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, que coinciden en afirmar en dichos informes que el acto fue finalmente una concentración», sostiene el Ejecutivo, respecto a la situación suscitada ese día al asistir numerosas personas al mencionado acto de Santiago Abascal.

Según la Subdelegación, «la rueda de prensa comunicada por el promotor de la misma devino en una acumulación de más de 100 personas, lo que sin duda supone una concentración de la prevista en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, y, en consecuencia, se debió de comunicar conforme a dicha Ley, y no como una rueda de prensa».

«El acto no contaba con autorización alguna para su celebración, teniendo además que intervenir la Policía Nacional y la Policía Local para crear un cordón y evitar que se incumplieran las medidas sanitarias impuestas ante la propagación de la pandemia», indicaba además la Subdelegación.

Vox, por su parte, alega que el día previo al acto comunicó a las autoridades «por el procedimiento de urgencia previsto en la Ley, que a la rueda de prensa acudiría público».