A juicio tres exalcaldes socialistas de la provincia de Sevilla por el desvío de 240.000 euros

La provincia de Sevilla es uno de los enclaves en los que el PSOE de Andalucía más ha campado a sus anchas, ajeno a la ley y a los principios políticos. Sólo allí, los escándalos socialistas han dejado hasta ahora 15 exalcaldes y 15 altos cargos condenados.

Ahora será el turno de tres exalcaldes más. El regidor de La Puebla del Río, Julio Álvarez González; el de Villamanrique de la Condesa, José de la Rosa Solís y el de Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno. Todos ellos municipios de la provincia de Sevilla y todos ellos alcaldes que en su día fueron presidentes de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

El Juzgado mixto número 4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) investiga la posible comisión de varios delitos continuados en el desvío de 240.000 euros: malversación de caudales públicos, apropiación indebida, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa en la citada mancomunidad.

Mancomunidad del Guadalquivir

Tras las citaciones suspendidas el pasado mes de diciembre, el jugado ha fijado para el 19 de mayo la comparecencia de varios investigados responsables de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y tres exalcaldes socialistas por su papel como antiguos presidentes de la misma, en las diligencias relativas al caso de un funcionario que habría podido «cobrar indebidamente» unos 240.000 euros en los últimos diez años.

Además de los tres exalcaldes socialistas, se investiga también a Jorge R.C. y Juan Ramón G.S.M. como gerentes de la citada entidad; Fernando D.D. como jefe del gabinete jurídico; Antonio R.F. como economista y Domingo G.M. como «trabajador beneficiado» supuestamente por los hechos denunciados.

Esta causa judicial deriva de una denuncia de la sección de UGT en dicha mancomunidad, toda vez que el Juzgado número 1 de Sanlúcar la Mayor había incoado ya diligencias previas en torno a otra denuncia paralela de UGT por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa en la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

El destino de los camiones

En concreto, UGT ha denunciado la «práctica habitual de la Mancomunidad durante al menos los diez últimos años de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio».

En ese sentido, los denunciantes sospechan de que «el dinero público obtenido en la venta de estos recursos haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración».

En cualquier caso, la causa en la que se encuadra la citación del día 19 de mayo responde a una denuncia de la sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

El informe del secretario

Según la denuncia, el trabajador Domingo G.M. «desde hace más de diez años» viene cobrando «emolumentos salariales indebidos» por parte de la Mancomunidad, esgrimiendo un informe del secretario de la entidad emitido en abril de este año, según el cual Domingo G.M., funcionario con categoría de conductor de recogida en el Ayuntamiento de Bormujos e incorporado a la Mancomunidad en tal condición, habría acabado «desempeñando funciones propias de inspector de servicios» y «ha podido cobrar indebidamente» unos 240.000 euros en los últimos diez años.

Y es que según el informe del secretario, este funcionario «ha desempeñado, aun careciendo de título habilitante, funciones de categoría superior y debe cobrar por ello» para que no se incurra en un «enriquecimiento injusto» en favor de la administración. No obstante, el secretario señala en su informe el necesario «cese» de este funcionario en las funciones de inspector de servicios de la Mancomunidad al no reunir «los requisitos académicos precisos» para ello.

En su informe, el secretario de la Mancomunidad señala la «gravedad de los hechos» porque podrían constituir un «supuesto de responsabilidad contable», anunciando una auditoría sobre el asunto.