El Gobierno aplaudió a Sánchez tras un hachazo al campo español de 4.200 millones

El sector agrícola andaluz alucina con el Gobierno socialcomunista, cuyos miembros aplaudieron a un Pedro Sánchez que ha permitido un hachazo al campo español de 4.200 millones de euros, de los que casi 1.500 millones de euros dejarán de llegar a los campos de Andalucía. La Junta ya ha exigido al Ejecutivo socialcomunista que no lo permita.

La consejera de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha exigido al Gobierno central que defienda en la Unión Europea una PAC «justa» y no permita este hachazo. De hecho, Crespo se ha mostrado muy sorprendida porque el Gobierno central «aplauda un recorte» de la PAC en un 10%. Ha indicado que ese recorte no se puede permitir y que el Gobierno central tiene el «deber moral de trabajar en Europa para mitigar» ese posible recorte.

La organización profesional agraria ASAJA, que representa al sector agrícola, ha calificado de “golpe traicionero al sector agrario” este acuerdo que, recuerden, supone un recorte de 4.200 millones para el campo español.

«Una vez más se ha vuelto a demostrar lo poco que importa el mundo rural ni, por supuesto, los agricultores y ganaderos españoles que, entre otras cosas, han garantizado el abastecimiento de alimentos en toda España con un comportamiento ejemplar”, han asegurado en una nota de prensa.

Decreto debatido 

En cuanto al decreto ley debatido ante el Pleno, se recoge que la Junta de Andalucía ayudará con 38 millones de euros a las pymes agroalimentarias y los productores agrarios más afectados por el estado de alarma decretado por el Covid-19, lo que permitirá inyectar liquidez en los sectores de la planta ornamental y flor cortada, la ganadería extensiva y el vino, cuyo impacto por la crisis del coronavirus ha sido especialmente dañino.

Estas ayudas extraordinarias son fruto de la propuesta lanzada desde Andalucía para modificar el Reglamento Europeo, con el objetivo de poder utilizar el 2% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para apoyar a estos sectores especialmente afectados por el Covid-19. Esta iniciativa del Gobierno de Andalucía fue aprobada el pasado 24 de junio en el Parlamento Europeo, lo que ha abierto las puertas a todos los estados miembros de la Unión a aprovechar estos fondos europeos.

La Junta ha establecido recoger esta medida de ayuda excepcional a los sectores afectados por el Covid-19 en el Programa de Desarrollo Rural (PDR). Concretamente, contempla el pago de hasta 50.000 euros por pyme agroalimentaria y de hasta 7.000 euros por agricultor o ganadero, abono que se realizará antes del 30 de junio de 2021.

Más medidas

Otras medidas incluidas en el decreto, referidas al ámbito sanitario, son que la Junta multará con 100 euros por el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla, al considerarse una infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Salud Pública.

El decreto ley también incluye una nueva deducción en el IRPF para aquellos contribuyentes que hayan realizado una donación a favor de la administración autonómica sanitaria para la lucha contra el Covid-19. La deducción autonómica consistirá en el resultado de aplicar el 15% sobre las cantidades donadas (con el límite de 500 euros) a favor del Servicio Andaluz de Salud y siempre que se destinen a la financiación de programas de gasto o actuaciones que tengan por objeto la lucha contra el avance del Covid-19. Tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2020 y vigencia exclusiva para el citado año.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Gerardo Sánchez ha denunciado que el Gobierno andaluz de derechas está «insultando» al sector agroalimentario andaluz, que se merece rigor y la verdad y ha recordado que quien recortó 1.052 millones de la PAC para los agricultores andaluces fue el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha criticado que la Junta dé por hecho una pérdida de los fondos para el campo andaluz, cuando aún no se ha hecho el reparto de los fondos de la PAC en España y ha dicho que ante ese debate, espera que la Junta defienda realmente los intereses de esta tierra, porque parece que ahora están más ocupados «peleándose por el botín de nuevas consejerías».

El parlamentario del PP-A José Ramón Carmona ha defendido el compromiso del Gobierno andaluz con el sector agroalimentario, como se refleja con las medidas incluidas en el decreto ley, y ha criticado que el PSOE-A sea incapaz de reconocer que un recorte en la PAC de 1.300 millones para Andalucía sería una «auténtica barbaridad», con las «barbaridades» que dijo ante el reparto que hizo el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha expresado su preocupación por el reparto que el Gobierno central puede hacer de los fondos de la PAC, sobre todo, después del reparto que se ha visto entre las comunidades con los primeros 6.000 millones del fondo del Covid.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Enrique Moreno ha manifestado que el acuerdo sobre los fondos europeos era vital y necesario, pero si supone un recorte del 10 para la PAC «no puede ser aplaudido de manera tan efusiva por todo el Gobierno de España y, en especial por el ministro de Agricultura, que no debería estar satisfecho». Ha considerado que el Ejecutivo nacional debe abordar reformas legislativas para el sector agroalimentario.

El parlamentario de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha manifestado que este decreto ley es un nuevo ejemplo de esa política «escaparate» del Gobierno andaluz. Ha querido dejar claro que su formación está del lado de los agricultores, y ha dicho que el PP-A ve bien o mal las cifras de PAC en función de quien gobierna en España, cuando es una decisión que se toma en Europa y algo también compete al Grupo Popular Europeo.

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha manifestado que el sector agroalimentario siempre ha demostrado ser un sector solidario, como ha ocurrido durante la pandemia del coronavirus, pese a ser el «más lapidado y el que menos ayudas recibe». Ha considerado una auténtico «despropósito» que el Gobierno central pueda aceptar un recorte en la PAC. Ha señalado que hay que devolver la dignidad al campo y sus trabajadores y hay que condenar esas afirmaciones de ministros que afirman que hay situaciones de «esclavitud».