Espadas se quita la careta y pide a «la derecha» que «no contamine» el indulto al condenado Griñán

El secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas, se ha quitado definitivamente la careta y ha pedido «a la derecha» que «no contamine» el proceso de concesión, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de un posible indulto al expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Espadas ha subrayado este jueves que se trata de un procedimiento «reglado en el ordenamiento jurídico».

Para Juan Espadas, el indulto a Griñán se trata de «un expediente que tramita el Gobierno», y cuya tramitación, según indicó este pasado miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, «ni siquiera se ha iniciado».

El líder del PSOE-A ha defendido que el procedimiento de concesión de un indulto está «reglado en el ordenamiento jurídico» e incluye «petición de informes a una serie de instituciones», por lo que «es un tema serio» y sobre el que él quiere «descontaminar el ambiente en el que se está hablando» de él, «diciendo que esto es un tema político, que esto ya está decidido», ha abundado.

«Por eso creo, y he esgrimido, que el PSOE como organización, y yo como secretario general del PSOE» andaluz, «no vamos a entrar en ningún tipo de historia respecto a apoyar, no apoyar» dicho indulto, ha continuado Juan Espadas para remachar que «no queremos hablar de esta cuestión, porque queremos que el Gobierno de España tome con total autonomía, objetividad y criterio, y según el ordenamiento jurídico, la decisión que tenga que tomar, al margen de cualquier otra cuestión».

Espadas ha añadido que eso es lo que le pide «de alguna manera a la derecha, que respete, que no contamine este proceso, que es un proceso reglado, de algo que está en el ordenamiento jurídico», según ha insistido el líder del PSOE-A, que ha puesto de relieve que «prácticamente en un Consejo de Ministros sí y en otro también» se conceden este tipo de «medidas de gracia» que los ciudadanos de este país «tienen derecho a solicitar, y el Gobierno a dar o no dar en función de las circunstancias», según ha concluido.