La Diputación socialista de Sevilla adjudicó 5,4 millones para una obra que acabó en manos de una constructora del ‘caso Koldo’

• Ezequiel Marín @ezequiel_maring
• Corresponsal de OKDIARIO Andalucía | ezequiel.marin@okdiario.com
• • 06/11/2026 05:45
  • Actualizado: 06/11/2026 05:45

La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, concedió más de seis millones de euros al Ayuntamiento de Aznalcázar, gobernado por el PSOE, para acometer unas obras que terminaron adjudicándose por 5,4 millones de euros a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), una constructora vinculada al ‘caso Koldo’.

La operación, sufragada con fondos provinciales, se encuentra ahora marcada por la situación concursal de la empresa adjudicataria y por las dificultades para completar el proyecto. La propia Diputación reconoció en junio de 2026 que la actuación estaba afectada por causas de resolución del contrato.

El origen de esta operación se encuentra en el programa ‘Vías Singulares del Plan Contigo 2020-2021’, impulsado por la institución provincial. La iniciativa pretendía mejorar caminos y vías interurbanas de titularidad municipal para facilitar su uso público. En el caso de Aznalcázar, el proyecto contemplaba la mejora del camino que conecta Villamanrique de la Condesa con Isla Mayor a su paso por el término municipal.

La financiación provincial fue ampliándose hasta alcanzar los 6.086.452 euros. Inicialmente, la Diputación había concedido al Ayuntamiento una subvención de 1.983.658 euros. Sin embargo, mediante una resolución de diciembre de 2023, autorizó una aportación adicional de 4.102.793 euros para financiar el reformado del proyecto original.

Con el proyecto aprobado, el Ayuntamiento inició el procedimiento de contratación. El presupuesto de licitación de las obras ascendía a 4.819.909 euros, sin IVA. Finalmente, el Pleno municipal acordó el 20 de febrero de 2025 adjudicar el contrato a la empresa Obras Públicas y Regadíos por 4.516.200 euros, una rebaja del 6,3% respecto al presupuesto inicial. Con el impuesto incluido, el importe alcanzaba los 5.464.602 euros. Al procedimiento concurrieron tres empresas y el plazo previsto para ejecutar los trabajos era de 18 meses.

La adjudicataria era una compañía que ya aparecía en las investigaciones de la UCO sobre presuntas irregularidades en contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Los agentes analizaron adjudicaciones en las que participaba OPR en Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo), y recogieron indicios de posibles maniobras para favorecer a determinadas constructoras.

La evolución de la empresa adjudicataria añadió un nuevo elemento a la operación. El 28 de julio de 2025, apenas cinco meses después de conseguir el contrato sevillano, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró a la empresa Obras Públicas y Regadíos en concurso voluntario de acreedores. La resolución, correspondiente al procedimiento 545/2025, fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La situación terminó teniendo consecuencias para el proyecto financiado por la Diputación. El 5 de junio de 2026, la institución provincial comunicó que las obras de Aznalcázar se encontraban entre las actuaciones del programa ‘Vías Singulares’ afectadas por el «surgimiento de causas de resolución del contrato». La Diputación reconocía así que el proyecto no había podido desarrollarse conforme a las previsiones iniciales.

La respuesta de la institución presidida por Javier Fernández fue preparar una nueva línea de refuerzo financiero de 1,2 millones de euros para diferentes actuaciones del programa. Aznalcázar figuraba entre los municipios beneficiarios, con unas necesidades adicionales estimadas en 450.000 euros. La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, justificó esta nueva aportación por el incremento de los costes necesarios para finalizar las infraestructuras y por las dificultades surgidas durante su ejecución. La Diputación planteó seguir financiando o reembolsando gastos municipales adicionales derivados de reformados, modificaciones y ampliaciones de honorarios técnicos.