Denunciado un vigilante tras desnudar y pegar a dos menas que intentaron fugarse de un albergue de Ceuta

El Área de Menores de Ceuta ha denunciado a un vigilante de seguridad del albergue provisional de Piniers por desnudar y golpear, presuntamente, a dos menores extranjeros no acompañados (menas) que habrían intentado fugarse. La Fiscalía de Ceuta ha trasladado las diligencias incoadas al Juzgado de Guardia.

Desde la Administración autonómica han confirmado a Europa Press que la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia del albergue ha despedido al trabajador y fuentes judiciales han precisado que se le investiga por un presunto delito contra la integridad moral de los menores, relativo a quien, «abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o mentales».

El citado albergue es uno de los centros de emergencia habilitados por el Gobierno ceutí para alojar a los cerca de mil menas marroquíes llegados a la ciudad autónoma durante la avalancha migratoria del pasado mes de mayo. También se ha acondicionado para tal fin el polideportivo Santa Amelia, dos naves de los polígonos comerciales del Tarajal y los bajos del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza.

Pena de prisión e inhabilitación

El Código Penal prevé para este tipo de comportamientos, cuando son cometidos por autoridades o funcionarios de centros de protección o corrección de menores, penas de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave y de uno a tres años de cárcel en caso de que no, así como inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha urgido al Estado a dar solución a la «insostenible» situación de la ciudad con la expulsión de los adultos y la reagrupación familiar en el país vecino de los menores marroquíes que accedieron irregularmente a territorio español entre el 17 y el 19 de mayo.

En la ciudad autónoma aún permanecen cerca de 3.000 inmigrantes ilegales marroquíes, un tercio de ellos menores de edad. Según el Ejecutivo local, su alojamiento y asistencia supone un gasto mensual de tres millones de euros, a razón de mil euros al mes por cada inmigrante.