Crece el entorno corrupto de Montero: un ex alto cargo suyo implicado en la trama de Aznalcóllar

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 01/07/2025 17:11
  • Actualizado: 01/07/2025 17:11

Vicente Cecilio Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y estrecho colaborador de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía, ha declarado este lunes como acusado en el juicio por la adjudicación presuntamente irregular de la mina de Aznalcóllar. Su imputación se suma a la de otros hombres de confianza de la actual ministra como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, y los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, todos implicados en distintas causas judiciales.

Fernández ha comparecido ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por su papel como secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía en el concurso público que otorgó la explotación de la mina a la unión empresarial México-Minorbis. Ha negado haber dado instrucciones a los funcionarios encargados del proceso y ha defendido el «respeto escrupuloso de la Ley» en todo el procedimiento.

El juicio aborda el proceso impulsado por la Junta socialista hace una década para reabrir la mina de Aznalcóllar, cerrada desde la catástrofe ambiental de 1998. Solo se presentaron dos ofertas: la de Minorbis, filial de Magtel con respaldo del Grupo México, y la de Emerita Resources, que denunció la adjudicación por supuestas irregularidades y presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude.

Durante su intervención, Fernández ha respondido únicamente a su abogado y al tribunal. Ha negado cualquier relación con los hermanos López Magdaleno, responsables de Magtel, y ha rechazado haber intervenido en una propuesta de fusión entre empresas que atribuye al presidente de Emerita. También ha negado haber influido en la evaluación de las ofertas o haber dado instrucciones a los funcionarios.

Ha insistido en que no participó en la elaboración de las bases del concurso ni en la composición de la comisión técnica o la mesa de contratación. Además, ha criticado las «incongruencias» de la denuncia de Emerita, que primero pedía celeridad y luego cuestionó la rapidez del proceso. Aunque la Fiscalía no ve delito, el juicio sigue adelante tras los recursos de las acusaciones, que han sido avalados por la Audiencia de Sevilla.

Con este nuevo caso, se amplía el cerco judicial sobre el entorno más cercano de Montero, cuya gestión en la Junta de Andalucía ha dejado una estela de causas abiertas que afectan directamente al PSOE andaluz.