El Ayuntamiento socialista de Sevilla recurre la condena al pago de 6.250 € por torpedear una huelga

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, ha decidido recurrir la sentencia que le condena al pago de 6.251 euros en concepto de daños y perjuicios por torpedear la huelga promovida por diferentes agrupaciones sindicales en noviembre de 2018.

Espadas contrató vigilancia privada para asegurar la apertura de los centros cívicos pese a la convocatoria, vulnerando así los derechos reconocidos en el artículo 28 de la Constitución Española. Incluso la concejal socialista Adela Castaño, se habría encargado «personalmente» de abrir algunas de estas instalaciones. La sentencia del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla condena al Consistorio hispalense a «a que cese en el citado comportamiento», además de la mencionada multa.

Según ha informado a Europa Press Manuel Loza (CCOO), presidente del comité de empresa del Consistorio, el Ayuntamiento de la capital ya ha  recurrido la sentencia, mostrando así su disconformidad con el dictamen del juez y con las demandas sindicales que reclaman la reparación de los daños y prejuicios ocasionados a raíz de la jornada de huelga celebrada el 5 de noviembre de 2018 en los servicios municipales.

Motivos de la huelga

La sentencia gira en torno a la convocatoria de huelga promovida por CCOO, CSIF, UGT y el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) en los servicios del Ayuntamiento de Sevilla, en demanda del cumplimiento íntegro de los 44 aspectos del pacto alcanzado a finales de junio de 2016 entre el Gobierno local y los sindicatos del Consistorio; la reversión de las contrataciones de empresas externas en servicios como los de Parques y Jardines o Mantenimiento de Edificios Municipales; la consolidación de las plantillas de los servicios sociales o la cobertura de las plazas vacantes.

Aquella jornada, Loza manifestaba a Europa Press que el Ayuntamiento habría contratado «seguridad privada» para ese día, al objeto de asegurar la apertura de los centros cívicos pese a la convocatoria de huelga, exponiendo que incluso la concejal responsable de los mismos, la socialista Adela Castaño, se habría encargado «personalmente» de abrir algunas de estas instalaciones.

Pronunciamiento judicial

Tras las correspondientes acciones judiciales, CCOO informaba recientemente de que el Juzgado de lo Social número siete ha estimado la demanda interpuesta por el sindicato frente a tales hechos, condenando al Consistorio de la capital andaluza por «vulnerar el derecho a huelga al utilizar vigilantes de seguridad para sustituir a trabajadores huelguistas».

La sentencia condena al Consistorio hispalense «a que cese en el citado comportamiento -vulneración del derecho a huelga-, y al pago de 6.251 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de la citada vulneración», según CCOO, que anunciaba una carta al alcalde, Juan Espadas, «pidiendo responsabilidad ante las implicaciones de la condena, porque ha quedado acreditado que se vulneró el derecho a huelga en un día para protestar en libertad, algo que sorprende en pleno siglo XXI».

Esta sentencia seguía a la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de confirmar una sentencia a su vez anterior que anula el decreto de servicios mínimos emitido para los funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla correspondiente a dicha jornada de huelga, «por falta absoluta de motivación» y «vulneración de los derechos de libertad sindical».

En cualquier caso, Manuel Loza ha manifestado que el Ayuntamiento hispalense ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Social número siete dentro del plazo habilitado para ello, exponiendo que la mencionada carta del sindicato aún no ha recibido respuesta por parte del Gobierno local.