La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA): 208.000 € en subvenciones para 192 militantes

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), con apenas 192 militantes, se llevó en el año 2020 unos 208.000 euros en concepto de subvenciones públicas, según sus propias memorias de ese año, las últimas disponibles.

Este sábado, sin ir más lejos, APDHA Sevilla ha organizado una «manifestación» para pedir la expropiación de las compañías eléctricas, algo que ellos llaman «nacionalización sin indemnización».

Hoy en #Sevilla convocando a los vecinos de nuestros barrios a la
MANIFESTACIÓN de este próximo lunes a las 8 de la tarde desde Los Arcos a la sede de ENDESA en Luis Montoro exigiendo bajada de precios de la #Electricidad y fin de los #CortesDeLuz pic.twitter.com/eY89H9lx6r

— APDHA Sevilla (@APDHASevilla) July 2, 2022

Según las citadas memorias del año 2020, la APDHA cuenta con 818 socios, 14 trabajadores y 192 militantes. No está nada mal una plantilla de 14 personas para 192 militantes, toda vez que hay un empleado por cada 13,7 militantes y por cada 58 socios. 

Volviendo a las subvenciones públicas, suponen un 54,2% de los ingresos de la asociación, que se completan con donaciones privadas y las cuotas de sus socios.

Obvia la violencia de los inmigrantes

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) mostraba su consternación ante los hechos ocurridos durante el 24 de junio en el vallado fronterizo del Barrio Chino de Melilla y exigía una investigación sobre lo ocurrido.

La organización ha señalado a través de un comunicado que se trata de un escenario «trágico, debido a las órdenes habituales que reciben tanto los agentes marroquíes como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español de reprimir con violencia a personas que intentan acceder a territorio seguro y que también ponen en peligro sus vidas». Unas personas que intentan acceder a la fuerza y ejerciendo todo tipo de violencia, y que desde la APDHA, por supuesto, obvian.

Para ellos, las FCSE «no dudan en vulnerar los derechos humanos y violar la legislación internacional a costa de mantener los acuerdos de externalización de la frontera con el país vecino y que, por lo tanto, también son responsabilidad del Gobierno de nuestro país».

La asociación ha lamentado las declaraciones del Gobierno «mostrando su satisfacción ante la situación vivida» y ha reclamado una investigación para esclarecer lo ocurrido. «Esta situación podría haberse evitado si se apostara por establecer vías de migración legales y seguras y no utilizaran a los seres humanos como moneda de cambio ante crisis diplomáticas», ha concluido.