Andalucía transforma sus infraestructuras judiciales en el plan más ambicioso de su historia

• Rodrigo Villar @Rodrigo_Villar_
• Periodista en OKDIARIO. Redactor en la sección de Nacional. Contacta: rodrigo.villar@okdiario.com
• • 27/01/2026 12:53
  • Actualizado: 27/01/2026 12:53

El Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) 2023-2030 es el mayor y más ambicioso proyecto de este tipo puesto en marcha por una comunidad autónoma, con la movilización de 1.500 millones de euros para actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales de Andalucía. Un plan para atajar el déficit histórico de las instalaciones judiciales, tras 28 años con las competencias transferidas, y sin precedentes, ya que en ningún territorio se han ejecutado inversiones en todos sus partidos judiciales dentro del marco temporal de un plan. El Gobierno de Juanma Moreno ya ha impulsado 44 proyectos, más que todos los realizados en las dos décadas anteriores, pues en dos décadas años sólo se llevaron a cabo 34 actuaciones entre sedes nuevas y rehabilitaciones.

Completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales y grandes ciudades, acabar con la dispersión de órganos en distintos edificios (26 partidos judiciales tienen dos o más sedes), dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales para prestar el mejor servicio a la ciudadanía, adecuar espacios para una Administración de Justicia moderna y digitalizada, garantizar la plena accesibilidad y eficiencia energética de las sedes judiciales y dotarlas de instalaciones para humanizar la atención son los objetivos de los proyectos incluidos en el PIJ, uno de los ejes de la Estrategia de Justicia de Andalucía diseñado por la Consejería de Justicia, Administración Local y , el primero de nuestra comunidad.

Andalucía asumió las competencias de Justicia en 1998 pero nunca ha contado con una planificación estratégica, por lo que la gestión de estas competencias ha estado marcada por la improvisación. Ello ha provocado situaciones tan complejas como que los órganos judiciales de Jaén estén repartidos en 13 inmuebles o que incluso edificios de nueva construcción como la Ciudad de la Justicia de Málaga se haya quedado pequeña en tan solo una década.

La falta de inversión durante décadas ha hecho que muchas sedes estén obsoletas, con barreras arquitectónicas y problemas para prestar un servicio acorde al siglo XXI, sobre todo con la reforma que ha supuesto la Ley de Eficiencia de 2025 que ha transformado los juzgados unipersonales en tribunales de instancia con secciones y servicios comunes. Para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, el primer paso para mejorar la Administración de Justicia es garantizar instalaciones dignas y recursos materiales a los profesionales que trabajan en ella para que puedan ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.

En la comunidad más poblada de España y la segunda más extensa del país, con 85 partidos judiciales en los que trabajan casi un millar de jueces, más de 550 fiscales y unos 9.000 funcionarios, el reto de actuar en el 100% de los partidos judiciales requiere una inversión superior a los 1.500 millones de euros, imposible de afrontar solo con recursos propios de la Junta -máxime con el actual sistema de financiación autonómico que mantiene a Andalucía infrafinanciada- y en tan corto plazo dado las necesidades urgentes tras décadas de abandono.

Vías de financiación pioneras

Así, el PIJ también es pionero en las vías de financiación alternativas hasta ahora no exploradas para acometer los proyectos como la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones, que ha permitido iniciar una veintena de proyectos; la colaboración público-privada por concesión de obra pública, que ha permitido desbloquear las Ciudades de la Justicia de Jaén, Cádiz y Huelva; o el uso por primera vez de fondos europeos para infraestructuras judiciales, como las reformas emprendidas con cargo al programa PIREP o los fondos FEADER en Aguilar de la Frontera y Montilla (Córdoba), los Palacios de Justicia de Huelva o Fuengirola (Málaga) o el edificio Caleta en Granada.

El pasado 12 de diciembre se puso la primera piedra del primer edificio judicial de España que se construye por colaboración público-pública entre dos administraciones. Se trata de la sede judicial de Roquetas de Mar, cuyas obras durarán 16 meses y que ejecuta el Ayuntamiento con una inversión de 11,4 millones que recuperará con creces, ya que, una vez que el edificio esté en uso, la Consejería de Justicia abonará al Consistorio un canon anual durante 30 años que sumará en total 14,7 millones.

Así se construirán también las sedes de Torrox (Málaga) -cuyas obras saldrán en breve a licitación-, Carmona, Alcalá de Guadaíra o Lora del Río (Sevilla) o Vera (Almería); mientras que en Ayamonte (Huelva) o Torremolinos (Málaga) serán las diputaciones provinciales las que ejecutarán la construcción en terrenos cedidos por los ayuntamientos a cambio del compromiso de la Junta de abonar el correspondiente canon anual durante su uso judicial.

En cuanto a la colaboración público-privada, la concesión de obra pública es un tipo de contratación pública previsto en la ley que apenas se ha usado en nuestro país y en el que la empresa adjudicataria no solo acomete la construcción, sino que asume la gestión del edificio en cuanto a limpieza, mantenimiento y otros servicios durante el tiempo de la concesión. Es la fórmula que ha permitido desbloquear proyectos que acumulan décadas de promesas incumplidas como las Ciudades de la Justicia de Jaén -cuya licitación se publicará en los próximos meses-, Huelva y el edificio de nueva construcción de la de Cádiz. El pasado 15 de diciembre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ponía la primera piedra de unos trabajos que han arrancado con la preparación del terreno y protección del Depósito de Tabacalera y el jardín histórico y que seguirán, en distintas fases, con la rehabilitación del resto de inmuebles del complejo y la construcción del nuevo inmueble.

Todos ellos son infraestructuras de gran envergadura que alcanzan o incluso rebasan los 38.500 m2 y que exigen inversiones que superan los 300 millones. La concesión de obra pública permite que la Junta de Andalucía sufrague los edificios, una vez en uso, de forma gradual mediante un canon anual.

Otro de los grandes proyectos, es la Ciudad de la Justicia de Sevilla en el complejo de Palmas Altas, comprado en 2021 a Abengoa por 70 millones, y donde comenzó el traslado de órganos judiciales en 2023 que se completará en 2028. Otra gran inversión desbloqueada y prometida desde hace décadas por Gobiernos anteriores. Y por otro, la Ciudad de la Justicia de Granada, para la que en diciembre de 2024 la Junta compró a Caixabank el edificio El Cubo por 21,5 millones y cuyo proyecto de adaptación a sede judicial ya está siendo redactado. Para completar este proyecto, la Junta construirá un nuevo edificio de en el solar anexo, cedido por el Ayuntamiento.

También con financiación propia se está acometiendo la sede judicial de Algeciras con una inversión de 21,9 millones y cuyas obras comenzarán en febrero; Huércal Overa cuyas obras salieron a licitación el pasado 30 de diciembre por 8,3 millones; o Marbella cuyo estudio de implantación se está desarrollando y se podrá presentar en breve.

La financiación del PIJ se nutre asimismo del ahorro en alquileres que implicarán las nuevas sedes y de los recursos que se obtengan de vender edificios en propiedad que dejen de usarse, como ya se ha hecho en Granada con la venta a la Diputación por 9,2 millones del Banco de España, actual sede de la Fiscalía Superior de Andalucía que se trasladará a la Real Chancillería, junto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.