Condenados a siete años de cárcel los seis hijos de Ruiz-Mateos por estafa con Nueva Rumasa
La Audiencia Nacional considera que fingieron su insolvencia para captar más de 337 millones de euros de miles de ahorradores
El grupo utilizó campañas en prensa para ofrecer pagarés mientras desviaban fondos a gastos personales y paraísos fiscales
La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años y 4 meses de prisión a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes tras captar fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011 mediante engaños sobre su solvencia. En concreto, la Audiencia Nacional considera que fingieron su insolvencia para captar más de 337 millones de euros de miles de ahorradores.
La sentencia establece que los Ruiz-Mateos, junto a otros condenados, recurrieron a campañas agresivas en prensa para atraer inversores, ocultando la situación crítica del grupo. Ofrecían pagarés emitidos por sus empresas, aparentando una solvencia inexistente y captaron más de 337 millones de euros de al menos 4.110 personas. Los fondos se utilizaron para cubrir gastos personales y deudas millonarias, así como para sostener sus negocios, que necesitaban 52 millones de euros de forma inmediata.
El fallo también impone 6 años y 3 meses de cárcel a José Ramón Romero, responsable de la oficina en Jerez, y 6 años y 5 meses a su sobrino Zoilo Pazos. Otros tres implicados, Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada, han sido condenados a entre 3 y 5 meses de prisión. Cuatro acusados fueron absueltos.
La red de sociedades implicadas operaba con una notable opacidad desde paraísos fiscales como Belice, Panamá y Holanda, utilizando testaferros y estructuras fiduciarias. Aunque el grupo aparentaba ser consolidado, en realidad carecía de una matriz común y su patrimonio se manejaba como una caja única.
Ante la inminente insolvencia, los Ruiz-Mateos activaron un plan para proteger su patrimonio, recurriendo a transferencias de sociedades, colocación de administradores interpuestos y alianzas con especialistas en liquidaciones, como Ángel de Cabo. Así pretendían evitar los embargos judiciales y continuar beneficiándose encubiertamente de sus activos.
Los seis hermanos, junto con Romero y Pazos, deberán indemnizar de forma conjunta a los afectados e igualmente asumirán las costas judiciales, incluidas las de las acusaciones particulares.
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