Almería, insostenible: recibe más de 4.000 ilegales en 2020 y acumula 419 casas okupadas en año y medio

En lo que llevamos de año, más de 4.000 inmigrantes ilegales han llegado hasta Almería. A la par, la provincia ha sufrido un fuerte auge de las okupaciones, con un total de 419 en el último año y medio. Dos realidades, que azotan a la provincia andaluza ante la pasividad del Gobierno, que sigue con su ‘efecto llamada’ sobre los inmigrantes y su ‘mirada hacia otro lado’ con los okupas. Los almerienses, mientras, exigen soluciones.

La situación es insostenible para los almerienses, que veían cómo, ya en julio, más de 3.000 inmigrantes ilegales llegaban a la provincia, a través de 269 pateras. Concretamente, eran ya 3.092 indocumentados los que habían alcanzado la costa de Almería hasta el mes de julio 2020. Entre estos inmigrantes que había identificado la Policía Nacional, había 160 menores. Hoy, fuentes conocedoras aseguran que la cifra ha aumentado hasta superar los 4.000.

Okupaciones

Por otro lado, el diputado del PP de Almería Miguel Ángel Castellón ha informado de que ha recibido una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez en la que el Ministerio de Interior «reconoce que se han producido un total de 419 ocupaciones ilegales en la provincia de Almería en el último año y medio», concretamente especifican que durante el 2019 hubo 294 ocupaciones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 125 en los primeros seis meses del año 2020.

En una nota de prensa, Castellón afirma que de esta forma el Gobierno de Sánchez «da la razón al PP que lleva tiempo denunciando un grave problema que ha ido en aumento en los últimos años y que supone un importante perjuicio para personas trabajadoras que con sus ahorros han adquirido una vivienda que posteriormente ha sido ocupada».

Por ello, el PP va a presentar en los próximos plenos municipales que se celebren en los ayuntamientos de la provincia una moción para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que de manera urgente se apruebe una Ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada, «así como que combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas que según los últimos datos publicados ha crecido un 58% en nuestro país en los últimos cinco años, pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018».

El diputado nacional explica que «la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlas de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad, o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente».

Castellón destaca que el PP «apuesta por reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio».

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero. Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal, «la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real».

Así, Castellón explica que esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.

Finalmente, el diputado del PP recuerda a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que la okupación «es un problema de las clases medias, trabajadoras y humildes que lo único que pretenden es que se les garantice su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda con la garantía de que no se la van a ocupar».

«Nuestro Plan Antiocupación demuestra que el PP está al lado de los españoles y que nos preocupan los problemas reales de la gente mientras el Gobierno mira hacia otro lado y no garantiza el derecho de los propietarios a disfrutar de sus bienes», concluye.