Un informe de la Cámara de Cuentas denuncia la opacidad de la universidad pública madrileña

Un informe reciente de la Cámara de Cuentas de Madrid ha publicado un informe que advierte de la opacidad de la universidad pública de la región con el dinero público, lo que supone un elevado coste para el contribuyente madrileño. Al mismo tiempo, estos centros formativos no estarían dando explicaciones suficientes sobre a qué dedican las subvenciones nominativas que reciben del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según se puede extraer del documento.

Salvo la excepción de la Universidad Rey Juan Carlos (ver cuadro inferior), más del 70% de lo que cuesta cada plaza ofrecida por las universidades públicas de la Comunidad de Madrid procede del dinero público de los contribuyentes. Esto quiere decir, por ejemplo, que el contribuyente aporta lo mismo por la plaza de un estudiante con recursos que por la de otro que no los tiene. Asimismo, el contribuyente paga exactamente igual por la plaza de quien aprovecha correctamente sus estudios o de quien no lo hace y suspende. En el caso de los estudiantes becados este porcentaje sería mayor, según se puede extraer del informe de la Cámara de Cuentas.

Otro aspecto relevante del informe trata de determinar en qué grado las universidades públicas madrileñas han dado cumplimiento a la resolución de 28 de abril de 2015 aprobada por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de las universidades públicas, del ejercicio 2012, que reclamaba a las universidades que pusieran sobre la mesa un sistema de contabilidad analítica que incremente la transparencia de sus cuentas, la gestión del personal, y los costes de los distintos estudios.

Pues bien, el informe detalla el grado de avance de cada una de las universidades públicas madrileñas en relación con la implantación de este sistema de transparencia sin que realmente ninguna de ellas disponga hasta el momento, de una manera efectiva, de un modelo de contabilidad analítica válido.

Es decir, que los contribuyentes madrileños desconocen totalmente cuál es el precio real de los estudios universitarios que están financiando a través de sus impuestos, lo que estaría evidenciando que las universidades públicas no tienen interés y respeto por el dinero de los contribuyentes. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, esto estaría pasando en otros centros universitarios públicos del país.

El informe apunta, de hecho, que no se puede afirmar que se haya dado cumplimiento definitivo al requerimiento de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 28 de abril de 2015, en el que se instaba la instauración de dicho sistema de transparencia en línea con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2012. Es decir, que la falta de la implantación efectiva de un modelo de contabilidad analítica -similar al que hay en cualquier empresa privada- no permite el establecimiento de los precios públicos y derechos de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial teniendo en cuenta cuáles son los costes reales de prestación del servicio, tal y como apunta el artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

El informe es claro al respecto: «La necesidad de disponer de un sistema de costes se hace imprescindible a la hora de diseñar una política de fijación de precios públicos adecuada por parte de la Comunidad de Madrid, conociendo en primer lugar el coste de los distintos estudios de grado y máster, para posteriormente establecer, dentro de la política educativa que se estime pertinente, la contribución o copago a efectuar por el estudiante y su familia, a través de una adecuada política de becas y ayudas al estudio, para evitar situaciones sociales regresivas».

La Comunidad de Madrid financia a las universidades a través de una subvención nominativa en la Ley de Presupuestos, que constituye su principal fuente de ingresos junto a los precios públicos recibidos de los alumnos matriculados. No hay ningún contrato programa, convenio, o compromiso plurianual, que permita conocer los criterios en los que se basa esa financiación o justifique aumentos o disminuciones de importes en los diferentes ejercicios presupuestarios.

El informe concluye, por lo tanto, que las universidades madrileñas deben seguir avanzando en el establecimiento de un sistema de «contabilidad analítica», que serviría para poder relacionar los ingresos por los precios públicos con los costes de la prestación.