Dos hermanas de 64 y 54 años se suicidan tirándose de un 4º piso en Barcelona antes de ser desahuciadas
Las dos mujeres vivían en un piso en alquiler y debían más de 9.000 euros al propietario
Los vecinos de la calle Navas de Tolosa, en Barcelona, han encontrado esta madrugada los cuerpos de dos hermanas de 64 y 54 años que se han quitado la vida horas antes de ser desahuciadas por impago de su vivienda. Los hechos han tenido lugar pasadas las 4:30 horas de la mañana, en esa vía del barrio Sant Andreu. Las dos mujeres vivían en el piso de alquiler propiedad de un particular, al que ya debían más de 9.000 euros de renta. En la vivienda sólo constaba empadronada una de ellas y su desahucio estaba previsto para las 11:00 de la mañana de este lunes.
En el lugar, los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) no han podido hacer nada para salvar la vida de ambas hermanas que iban a ser desahuciadas y se habían arrojado al vacío desde un cuarto piso. En el inmueble, también ha actuado el equipo del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para dar atención psicológica a los vecinos de las víctimas, según el protocolo establecido para estos casos.
Las hermanas tenían una orden de desahucio por impago del alquiler, con la primera fecha de lanzamiento programada para este lunes, 1 de julio, a las 11:00 horas de la mañana. Según el diario El País, las hermanas habrían dejado una nota junto al comunicado del juzgado que ordenaba el lanzamiento por impago.
El propietario del piso, un particular, presentó una demanda en el juzgado de primera instancia en mayo del 2023, donde se solicitaba el lanzamiento por expiración de plazo y falta de pago, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a través de un comunicado.
El TSJC también apunta que, en el momento de la presentación de la demanda, la parte demandada -que era una tercera subarrendataria- llevaba desde el mes de marzo de 2021 sin realizar ningún pago, acumulando en el momento que se presenta la demanda una deuda de más de 9.000 euros.
En este caso, no consta ningún informe de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona «por imposibilidad de realizarlo por parte de los servicios correspondientes», que habrían intentado contactar con las inquilinas de la vivienda varias veces, sin que hayan respondido en ninguna ocasión, según consta en sus informes.
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