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Mónica García se apropia de la Ley ELA cuando su Gobierno la paralizó cinco años

Para cubrir las necesidades del colectivo se requieren de entre 200 y 220 millones de euros anuales

La Ley ELA ha sido aprobada este jueves por unanimidad en la Cámara Baja. Ahora, seguirá su procedimiento el Senado para su puesta en valor antes de final de año. Sin embargo, una vez más, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha desatado en redes sociales con «este logro para el país», pero añade que con esta norma «no se va a dejar a nadie atrás», pero olvida mencionar que ha sido su Gobierno quién ha retrasado 5 años su aprobación. También en su ponencia, incluye a todos los partidos políticos cuando si ha triunfado esta aprobación ha sido porque el Partido Popular presentó el actual documento, redactado y verificado por las asociaciones de pacientes.

Con más de 60 aplazamientos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP se lanzó a por el proyecto de ley con la presentación de un texto alternativo al que se sumó con varias iniciativas Junst, lo que provocó la posterior cascada de adhesiones como PSOE y SUMAR más tarde.

Lo que no cabe duda, es que la normativa es clave para mejorar la atención a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y para la investigación. A pesar de que esta ley había sido una demanda constante de asociaciones de pacientes y expertos durante años, sorprendentemente García, se ha atribuido públicamente los logros de esta norma, a pesar de los retrasos significativos que se produjeron durante dos mandatos. «Se va a garantizar el reconocimiento de la discapacidad» señala ahora y añade que «esta votación nos enseña que el único seguro a todo riesgo es un estado de bienestar que distribuya los recursos».

Pero una vez más, se olvida de recordar que, como han afirmado algunos políticos y pacientes, la Ley ELA finalmente se aprobó, pero con un retraso injustificable. «Es una falta de respeto a los pacientes de ELA que sufrieron la parálisis legislativa. Mientras ella se congratula, muchos murieron esperando».

Vehemencia incorrecta

La Ley ELA ha sido vista como un hito para mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por esta devastadora enfermedad neurológica. Sin embargo, la normativa fue postergada y obstruida durante varios años por el Partido Socialista y SUMAR, lo que ha provocado críticas tanto de sectores políticos como de los pacientes que la esperaban.

Mónica García, quien fue una de las principales voces en defensa de los derechos sanitarios -siempre desde la oposición-, ha sido criticada por su reciente postura de atribuirse los avances en esta ley, ignorando el estancamiento que tuvo lugar durante su propio periodo en el Gobierno.

Las asociaciones de pacientes de ELA, como la Fundación Luzón, han celebrado la aprobación de la ley, y recuerdan que la presión de las asociaciones ha sido clave para avanzar con la normativa: «Es un triunfo de todos» han señalado.

El PP exige financiación extraordinaria

La vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha reclamado al Gobierno central «celeridad» para dotar económicamente la ley ELA y que, con independencia de si hay presupuestos para 2025, reserve financiación extraordinaria para que la ley no sea «papel mojado».

Por otra parte, se muestra esperanzada con la nueva norma, pero reclama al Gobierno que, «con la misma celeridad que ha recibido a las asociaciones, financie la ley, porque de nada servirá que la aprobemos si no va dotada económicamente».

Y es que, la formación estima que para cubrir las necesidades del colectivo se requieren de entre 200 y 220 millones de euros anuales, ya que un afectado de ELA en estado avanzado necesita de entre 70.000 y 80.000 euros, que son alrededor de 30.000 para un afectado en los primeros momentos de la enfermedad.