Opinión

Vox debe romper en Baleares, no en Extremadura

El PSOE amenaza con trasladar los miles de inmigrantes ilegales menores no acompañados (menas), que desbordan la capacidad de absorción de las Islas Canarias, a todas las regiones gobernadas por el Partido Popular, incluidas aquellas donde lo hace gracias a los votos de Vox. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha declarado al respecto que las comunidades gobernadas por el PP serán solidarias y recibirán a estos menas, cada una dentro de sus capacidades: «La práctica que hemos tenido durante muchos años es la de ser solidarios con los menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, tratarles y cuidarles». Es decir, siempre que existan centros e instalaciones con plazas disponibles para acogerlos.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este lunes que su partido romperá los gobiernos con el PP que no se opongan al reparto de menas propuesto por Sánchez: «Si alguna región del PP quiere sentarse a negociar con Sánchez, que nos lo diga y abandonaremos ese gobierno». Matizando que ellos aceptarán un reparto de menas impuesto por el Gobierno, pero no consentirán que los gobiernos regionales sostenidos con sus votos negocien y consientan voluntariamente y sin resistencia este reparto.

Vox propone cerrar los centros de acogida de menas que «crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos», para lo que, previamente, los menores deben ser repatriados a sus países de origen, donde sus autoridades se encarguen de devolverlos con sus padres.

El primero de esos gobiernos de coalición de los que los de Vox amenazan con salirse es el de Extremadura, donde su presidenta, la popular María Guardiola, decía que no pensaba pactar con quienes «deshumanizan a los inmigrantes» y el portavoz del PP de Extremadura señala, cuando se le pregunta respecto al traslado de estos menas, que «se cumplirá la ley».

El argumento esgrimido por los de Abascal es que: «Tenemos un pacto con el PP y no contemplamos que lo incumplan»; porque dicen que PP y Vox pactaron en las regiones donde gobiernan no aceptar este tipo de repartos, por lo que si Génova los acepta estaría incumpliendo sus pactos de gobierno.

Los acuerdos firmados entre Vox y el PP son públicos y en ninguno de ellos aparece ninguna mención que haga referencia al reparto de menores no acompañados que se encuentren en situación irregular en otras regiones. Es cierto que en algunos de ellos se habla de la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal, como en el caso de Castilla y León, Murcia, Baleares o Comunidad Valenciana. Pero, concretamente en el pacto de gobierno firmado en Extremadura, que es el primero del que Vox amenaza con salirse, no se incluyó este párrafo que aparece más o menos igual en el resto de acuerdos, es decir, que PP y Vox no pactaron en Extremadura ni siquiera luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, como sí hicieron en el resto de Comunidades.

Repasando estos acuerdos, llama la atención el de Baleares, por el que los de Abascal no entraron en el Gobierno de la popular Marga Prohens, pero sí se comprometieron a «dar estabilidad al Gobierno de las Islas Baleares, con el compromiso de no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears durante toda la legislatura», como efectivamente hicieron a finales de diciembre pasado. Y esto a pesar de que en el acuerdo firmado se incluyeron las medidas números 54 a 65 por las que se debería haber puesto fin a la imposición lingüística del catalán en el sistema educativo balear, y el Govern balear ha abierto ya la escolarización del próximo curso sin dar la opción de estudiar en español.

En la Comunidad Valenciana viven casi 5 millones de españoles, en Castilla y León 2,5 millones, 1,5 millones de personas viven en Murcia y más de 1 millón en Extremadura, Aragón y Baleares. En total son 12,5 millones los españoles que viven en Comunidades Autónomas donde no gobierna el PSOE gracias a un pacto de coalición o de abstención entre el PP y Vox. Existen sobrados motivos para romper estos acuerdos allí donde el PP los está incumpliendo con grave perjuicio para sus ciudadanos, como por ejemplo en Baleares. La culpa de que allí el poder volviese a la extrema izquierda sería exclusivamente de Marga Prohens. Pero Abascal va a tener difícil explicar por qué va a entregar Extremadura al sanchismo amparándose en una cuestión que ni siquiera se incluyó en el pacto de investidura.