¿De verdad no lo sabías, Cristóbal?

Por mucho que Cristóbal Montoro se empeñara en hacerle un favor de amigo al huido Carles Puigdemont, el dinero de todos los españoles sirvió para pagar el golpe de Estado con el que los independentistas han tratado de subvertir la legalidad vigente en España. Lo dicen las investigaciones de la Guardia Civil con cientos de facturas como prueba, lo dice el juez Pablo Llarena y ahora sabemos que también lo decía la propia Generalitat en sus Presupuestos de 2017. Nada más, y nada menos, que 21 millones de euros que salieron del bolsillo de los contribuyentes sirvieron para financiar “una declaración de independencia de Cataluña y la creación de unas estructuras de Estado”. 

Con ese lenguaje sencillo y cuya comprensión está al alcance de cualquiera —carente de metáforas, eufemismos o circunloquios— estaba especificado en unas partidas que la consellería de Exteriores, en manos del golpista Raül Romeva, pretendía utilizar para seguir ahondando en la organización y el desarrollo de la fatua y exigua república catalana. ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda ignorara esta ingente cantidad cuando de él dependía en última instancia la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico? Con todas estas evidencias, cabe esperar que Cristóbal Montoro rectifique aquellas declaraciones en las que dijo que el referéndum ilegal del 1 de octubre —prohibido por el Tribunal Constitucional— no había sido financiado con dinero público. 

Algo que ahora tendrá que explicar de manera pormenorizada ante Pablo Llarena, ya sea mediante un detallado informe o incluso como testigo si al magistrado del Tribunal Supremo no le convence dicha información. Tras el denodado esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del propio Llarena, el ministro debe rectificar para que Carles Puigdemont no lo tenga más fácil a la hora de esquivar sus responsabilidades con la justicia española. Si los jueces alemanes miran con lupa todo lo que pasa en España antes de tomar una decisión, no es plan de darles ventaja a aquellos que han tratado de poner en jaque nuestro Estado de Derecho con una colección de actos que, para más inri, además han sido pagados con el dinero de todos los españoles. Algo que, además de ilegal, resulta kafkiano. Más aún si encima sale el ministro de Hacienda y, ajeno a sus responsabilidades in vigilando, dice hasta en dos ocasiones que “no le constan” dichas irregularidades.