La domesticación del ciudadano

Conviene empezar recordando algo que solemos olvidar cuando hablamos de política: los gobiernos no existen para resolver problemas. Existen, sobre todo, para gestionarlos… y si es posible, para multiplicarlos lo justo como para que su intervención siga siendo imprescindible. No es una crítica moral, es una observación casi sociológica. El poder funciona así desde hace siglos.

Si uno observa con calma la evolución del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que aparece no es simplemente un programa político más o menos discutible. Lo que aparece es algo bastante más interesante: un proceso constante de ampliación del espacio en el que el Estado decide por el ciudadano. No suele hacerse de golpe, claro. Nunca se hace así. Se hace paso a paso, con medidas aparentemente razonables, incluso bienintencionadas.

El último ejemplo lo estamos viendo con el debate sobre el control de las redes sociales. La justificación es impecable desde el punto de vista emocional: proteger a los menores, frenar la desinformación, garantizar entornos digitales seguros. Es difícil oponerse a eso sin parecer un irresponsable. Pero cuando uno deja a un lado el envoltorio y mira el mecanismo real, lo que aparece es otra cosa: más capacidad del poder político para vigilar qué se dice, quién lo dice y hasta dónde puede decirse.

Y aquí entramos en un terreno clásico de la teoría política. El poder siempre ha sabido que controlar la información es infinitamente más eficaz que controlar directamente a las personas. Si usted define el marco en el que la gente piensa, el resto viene casi solo.

El problema no es técnico ni tecnológico. Es conceptual. El actual modelo político parte de una idea muy concreta del ciudadano: alguien que necesita supervisión. No se dice así, por supuesto. Se presenta como protección, como acompañamiento, como responsabilidad institucional. Pero el resultado es el mismo. La libertad deja de ser un punto de partida y pasa a ser algo que el Estado administra.

El intervencionismo funciona como una reacción en cadena. El Estado interviene para solucionar un problema. Esa intervención genera distorsiones nuevas. Y esas distorsiones justifican otra intervención. El proceso se retroalimenta y termina creando estructuras de poder que nadie planificó del todo, pero que acaban siendo enormes.

El sanchismo ha demostrado una habilidad notable para moverse dentro de esa lógica. Cada crisis se convierte en una oportunidad para introducir nuevas regulaciones, nuevos mecanismos de control o nuevas competencias administrativas. Y lo hace, además, envuelto en un lenguaje que convierte la expansión del poder en un supuesto avance social. Es una estrategia políticamente muy eficaz, porque reduce mucho la resistencia de la opinión pública.

Sistemas como los de Cuba o Venezuela no empezaron prohibiendo libertades de forma abierta. Comenzaron regulando, ordenando, protegiendo. Siempre en nombre de causas nobles. El control del discurso público fue uno de los primeros pasos, porque limita algo fundamental: la capacidad de organizar una alternativa política real.

España, evidentemente, no está en ese escenario. Pero tampoco está vacunada contra ciertas dinámicas que son bastante universales. Las democracias modernas no suelen caer de repente. Se transforman poco a poco. Mantienen elecciones, parlamentos y tribunales, pero van estrechando el margen real de decisión del individuo.

El gran riesgo del colectivismo no es su retórica, sino su lógica interna. Cuando el Estado asume que debe proteger al ciudadano incluso frente a sus propias decisiones, termina necesitando intervenir cada vez más ámbitos de la vida cotidiana. Y lo hace con algo muy peligroso: el consentimiento de una sociedad que empieza a confundir seguridad con libertad.

Pedro Sánchez ha demostrado ser particularmente hábil en ese terreno. Ha entendido que el poder en el siglo XXI no necesita eliminar las estructuras democráticas. Basta con ocuparlas, reinterpretarlas y, sobre todo, ampliarlas hasta que el ciudadano apenas perciba dónde termina su autonomía y dónde empieza la tutela política.

Porque el auténtico triunfo del poder no llega cuando consigue imponer normas, sino cuando logra algo mucho más profundo: que los ciudadanos interioricen que necesitan esas normas para vivir. En ese momento, la domesticación ya no es un proyecto político. Es una costumbre social. Y las costumbres, como sabemos, son siempre mucho más difíciles de revertir que las leyes.