Terrorismo callejero

Los miembros más radicales de la CUP se comportaron como auténticos terroristas callejeros el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. De otra manera no se puede definir al grupo de energúmenos que, disfrazados con pelucas y armados con martillos, batasunizaron las calles de Barcelona hasta hacer de la violencia su única forma de expresión. Este grupo de acémilas dedicó la jornada festiva a asaltar a martillazos distintos hoteles y establecimientos comerciales de la ciudad. Otra prueba de que, más que un partido antisistema, estamos ante un conjunto de salvajes que juntos y en desbandada constituyen un auténtico peligro social. El problema de estos «activistas políticos» —como se autodenominan de manera falaz— es que algunos de ellos incluso tienen asiento, sueldo y poder de decisión en las instituciones públicas. Ahí están tanto Josep Garganté —más conocido por su actitudes violentas que por sus aptitudes políticas— o María José Lecha, ambos concejales en ese mismo Consistorio barcelonés donde su primera edil, Ada Colau, no se ha cansado de demonizar al sector hostelero hasta convertirlo casi en un apestado. 

La irresponsabilidad política provoca que cuando una alcaldesa siembra ese tipo de vientos, al final son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias de las tempestades. Los actos violentos del pasado 1 de mayo no sólo generan un daño material gravísimo, además ensucian la imagen de la ciudad y, lo que es peor, enturbian la convivencia hasta crear una atmósfera de tensión irrespirable, justo el contexto contrario al que debería regir una sociedad libre. Desgraciadamente, el comportamiento de este tipo de personajes no es nuevo. El pasado mes de marzo ya participaron en el asalto a la sede del Partido Popular en Barcelona con el apoyo explícito de la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y del ex parlamentario —y amigo del etarra Arnaldo Otegi— David Fernández. Todos ellos son desmerecedores de su presencia en las distintas cámaras representativas. Cualquier reivindicación que se base en la violencia resulta incompatible con el Estado de Derecho y no puede tener lugar en democracia.