Los socialistas y la injusticia que sufren los constitucionalistas catalanes

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No creo que tengan ninguna duda. Pero si quieren una muestra más, vean El País de hoy. El sesgo de información sobresale en una noticia sobre una «corrupción moral» que sólo saben ver en un lado, nunca en esa izquierda que ellos creen moderada pero que es sectaria a muerte. Al parecer, el Ministerio del Interior puso en marcha en 2012 un plan para «desacreditar» a los líderes independentistas catalanes a través de informes policiales falsos. En un audio que cuelgan hoy en su versión digital se oye a Francisco Martínez, jefe de gabinete del ministro Fernández Díaz, y al famoso Villarejo. Están tramando un plan para sacar muertos de los armarios de Jordi Pujol y de Artur Mas.

Si querían de verdad «desacreditarles» sólo hubieran tenido que esperar unos pocos años. En julio del 2014, el propio Jordi Pujol, presionado por los rumores de corrupción sobre él mismo y su familia, confesaba tener dinero no declarado en la vecina Andorra (la famosa herencia del abuelo Florenci). El 9 de noviembre de este mismo año, se celebró el referéndum fake de Cabrils en plena ola de un delirio procesista que culminó, como saben, en otro referéndum: el del 1 de octubre del 2017. Vamos, que hablar de operación de «descrédito» hacia unos individuos que ya estaban en pleno proceso de «auto descrédito» son simplemente ganas de dar aire al gobierno de Pedro Sánchez.

Para «corrupción moral», la de usar las listas del censo para lo que no estaba permitido vulnerando los derechos de los catalanes a su privacidad. Aquello fue justamente denunciado por el jurista Alejandro Rusiñol, que llevó ante los tribunales los abusos de ambos referéndums. Una vez más, tuvo que ser un particular y no algún representante de la administración pública, un miembro de la judicatura, de la Fiscalía o de las fuerzas de seguridad quien pusiera manos a la obra. Un simple vecino de Cabrils (Barcelona), uno de esos ciudadanos concienciados que tanto han hecho para defendernos de la dejación incomprensible de quienes denuncian «corrupciones morales» cuando les interesa. El País incluido. Gracias a Alejandro Rusiñol, el juzgado suspendió el acuerdo municipal y sentó precedente.

Ofende a la vista este contundente «cloacas» con el que El País califica (y con toda la razón) a quienes espiaron a algunos de los socios actuales del gobierno de Pedro Sánchez cuando todos recordamos cómo los Mossos de Esquadra se afanaron en realizar seguimientos a diversos ciudadanos de Cataluña. Sometieron a esa ignominia a activistas contrarios al procés, al igual que a políticos y periodistas que no eran de su cuerda. Y, a diferencia del tema Pegasus (también llamado «Catalangate» por separatistas venidos a arriba), todo sin autorización judicial y sin noticias previas de delitos por su parte. Está pendiente de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie.

¡Cuánto nos hemos acordado de ello estos días con los aspavientos de los independentistas afectados por el nuevo caso de espionaje! Qué hipócritas: fueron precisamente ellos en el 2018, Junts per Catalunya, ERC y la CUP, quienes no permitieron que se creara una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña ante la vulneración de derechos de estos catalanes. «Los otros catalanes». Y lo supimos por pura casualidad cuando la Policía Nacional se incautó de documentación de los Mossos que iba a ser destruida en la incineradora de San Adrián del Besós.

Y, sin embargo, la pesadilla en Cataluña continuará. Lo dice la última encuesta de La Vanguardia, publicada este domingo. Los independentistas rozan la mayoría absoluta con 68 escaños, con Junts perdiendo siete. ¿Descrédito?: la auténtica y triste seña de identidad de mi tierra.

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