Si Vox no pudo, Carmena tampoco

Si Vox no pudo, Carmena tampoco

Manuel Carmena no puede quejarse de la decisión que ha tomado la Junta Electoral de que tanto ella, candidata al Ayuntamiento de Madrid, como Íñigo Errejón, en calidad de candidato a la Comunidad, tienen vetada su presencia en los debates electorales porque su nuevo partido, Más Madrid, precisamente por ser una formación de nueva creación, no cumple con los requisitos establecidos a tal efecto por la ley. No se la vio protestar cuando, empleando criterios idénticos, la Junta prohibió la presencia de Vox en los debates electorales que acabamos de celebrar. Si entonces no hubo objeciones, carece de sentido recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, esta anécdota –por partida doble– debería hacernos reflexionar. Frente a los comicios estadounidenses, pletóricos de debates y encuentros entre candidatos, aquí estamos viendo unas campañas electorales que, para proteger su legitimidad democrática, están un tanto encorsetadas y pecan de oficialistas. Vox ha sido el elefante en la habitación del que todo el mundo hablaba en esta campaña, y aún así no pudo ir a los debates cuando ya tenía representación en Andalucía. Todos los votantes españoles, con independencia de su filiación ideológica, podrían haber ido a las urnas mucho mejor informados si Abascal hubiese podido acudir. En cuanto a Manuel Carmena, es la actual alcaldesa de Madrid, y lleva en el cargo toda una legislatura. Si bien es cierto que concurre a las elecciones bajo unas nuevas siglas, su figura es muy conocida en la política española y madrileña. Pese a su juventud, otro tanto puede decirse de Íñigo Errejón. Carece, por tanto, de sentido, como también sucedió con Vox, que estos dos representantes de la ciudadanía no puedan ir a debates. Su peso democrático y de interés para la opinión pública tendría que ser mucho más importante que unas cuestiones de procedimiento técnico.

Las dinámicas electorales de 2019 no son las de 1978. La pluralidad de partidos, la infinidad de canales que existen para hacer llegar un mensaje a los ciudadanos, y la propia madurez de la democracia española; todo ello exige una reforma de ciertos aspectos de la ley electoral.

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