Si con todos los informes en contra firmaste la subvención, eres culpable, Pedro Sánchez

Si hay una obra pública que ilustra como pocas el nivel de corrupción alcanzado por la trama Cerdán-Ábalos-Koldo es la de los túneles de Navarra que fue adjudicada a una unión temporal de empresas donde estaba -faltaría más- Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán tenía un 45% de las acciones. La UCO sospecha que la polémica subvención de 40 millones de euros destinada a esta obra esconde sustanciales mordidas. El mismo Cerdán, aunque no tenía cargo alguno ni en el Gobierno foral ni en el Gobierno de España, asistió a las reuniones entre ambos ejecutivos para impulsar el millonario proyecto.

O sea, que Cerdán se implicó al máximo para lograr que la elegida fuera su propia empresa, beneficiada por una adjudicación que vino envuelta en la más absoluta de las polémicas por las voces de alarma que sonaron en la mesa de contratación. Pues bien, el mismísimo Pedro Sánchez, de puño y letra, firmó el acta oficial de la reunión del Consejo de Ministros del 22 de octubre de 2024 en la que se aprobó la millonaria subvención. Y lo sorprendente es que lo hizo pese a las reiteradas advertencias de la Intervención Delegada, el Ministerio de Hacienda y la Oficina Presupuestaria sobre deficiencias en el procedimiento.

La Intervención Delegada cuestionó la subvención en unos términos que a cualquiera con dos dedos de frente le hubieran bastado para paralizarla de inmediato: «No está regulado en el real decreto la justificación de la ejecución del primer pago», calificando el sistema de pagos anticipados como irregular.

Por su parte, Hacienda confirmó por escrito que «al no existir crédito dotado en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 prorrogados para 2024, será necesario, una vez aprobado el real decreto, tramitar el correspondiente expediente de modificación presupuestaria», advertencia reiterada por la Oficina Presupuestaria, que advertía de la gravedad de aprobar una subvención sin respaldo presupuestario.

Por si esto no fuera suficiente, los expedientes de adjudicación de la obra a la UTE en la que estaba Servinabar contaron con la advertencia del interventor delegado, que señaló que «el informe adolece de falta de motivación al no haber una correlación entre la literatura del informe y las puntuaciones asignadas». La mesa de contratación emitió tres votos particulares en contra de la decisión final. El Gobierno ha reconocido oficialmente que prescindió de la consulta pública alegando «razones de interés público», pero ha obviado el alud de informes en contra de la adjudicación y la subvención. Y, sin embargo, Pedro Sánchez la avaló con su firma. Algunos a esto lo llaman prevaricación.