¿Y si el comité de expertos no existiera y todo fuera una coartada de Sánchez?

¿Quiénes son los expertos que asesoran al Gobierno a la hora de determinar qué territorios pasan a la siguiente fase del plan de desescalada? ¿Existen o es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que toma las decisiones: o sea, Pedro Sánchez? Si ese comité existe, la ley de Salud Pública y la Ley de Transparencia obligan al Ejecutivo socialista a hacer públicos los nombres de sus integrantes. Es decir, que no es opcional, de forma que el Ejecutivo estaría prevaricando: incumpliendo a conciencia dos leyes. Por eso, crece la sospecha de que ese comité de expertos no sea más que una añagaza del Gobierno para trasladar la idea de que la promoción a la siguiente fase de la desescalada depende de criterios estrictamente sanitarios cuando en realidad es Pedro Sánchez quien, movido por criterios políticos y en función de una estrategia marcadamente partidista, decide quien pasa y quien no.

Tanto Illa como el propio presidente del Gobierno o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias  han rechazado revelar quiénes son esos técnicos. La excusa de Fernando Simón es que hay que preservarlos de las presiones. Pero ese argumento, en caso de que el comité existiera, no justifica en ningún  caso que pueda incumplirse la Ley de Salud Pública y la Ley de Transparencia, de modo que sería la demostración más palmaria de la prevaricación del Gobierno.

«Estamos siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad desde el punto de vista científico y de compromiso de servicio público y lo único que puedo hacer es reivindicar su profesionalidad y reconocer su compromiso», se limitó a responder Sánchez el sábado en alusión a los técnicos de Sanidad. Pero eso y no decir nada es lo mismo: porque una cosa es que el Gobierno disponga de asesores y otra, bien distinta, que exista un comité de expertos creado al efecto de valorar qué territorios pasan de fase.

La única razón que justifica que el Ejecutivo no ofrezca nombres sin incumplir la ley es que ese comité de expertos no exista. Dicho de otro modo: que es Sánchez quien tiene la última palabra y toma la decisión. Eso o prevaricación. Y va a ser eso.