Sánchez termina como empezó: con la farsa de Franco por bandera

Pedro Sánchez cierra el círculo de su legislatura con la farsa de la exhumación de Francisco Franco por bandera, una de las principales promesas de su Gobierno al llegar a La Moncloa que es probable que tampoco cumpla –como no cumplió con la inmediata convocatoria de elecciones– porque el tiempo electoral apremia demasiado tras la caída de los Presupuestos. “Lo que es evidente, aunque se retrase el procedimiento administrativo, es que en 2019 se va a proceder a la exhumación del dictador”. Así de tajante se mostraba el presidente cuando en julio del pasado año el Ejecutivo aprobó el decreto ley que contenía la decisión firme de sacar a Franco del mausoleo del Valle de los Caídos y entregárselo a sus descendientes. Una rauda decisión tomada en las primeras semanas de legislatura que, sin embargo, ha sido retrasada en varias ocasiones y que, a todas luces y vislumbrando la cita con las urnas, será complicada de sacar adelante antes de las elecciones generales por mucha premura gubernamental que se adopte.

Y no sólo la campaña electoral para los comicios, tanto si se da la exhumación como si no, será un obstáculo para que Sánchez alcance sus propagandísticos y electoralistas objetivos. La familia Franco, que ha dado la batalla desde el primer momento tras la aprobación del decreto ley, ha asegurado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la exhumación y frenará de forma cautelar la salida de los restos mortales del mausoleo de la basílica de Cuelgamuros, lugar en el que descansan desde hace 43 años bajo la supervisión de los monjes benedictinos, quienes también se han opuesto desde el principio a la medida de los socialistas.

El traslado de los restos de Franco, no obstante, y según el Ejecutivo, no será inminente porque se darán dos semanas a los descendientes para que decidan el lugar del nuevo enterramiento –si es que finalmente se produce, cosa que parece harto improbable–, siempre y cuando no sea en la catedral de la Almudena. Una ubicación que ha sido rechazada porque, según un informe de la Delegación del Gobierno de Madrid, el organismo dirigido por José Manuel Rodríguez Uribes, paradójicamente el ex secretario de Laicidad del PSOE, desaconsejó la cripta catedralicia alegando motivos de seguridad. Sea como fuere, el tiempo de Sánchez se ha agotado y a la familia Franco aún le queda un as judicial más bajo la manga, razón por la que previsiblemente será el Gobierno que emane de las urnas quien decida sobre el empeño de Sánchez de poner la exhumación de Franco en el centro del nuevo ciclo político.