Sánchez, un asalto a la democracia por etapas

Cuánto peor les va, más sectarios: el Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca a su plan de asalto para controlar a los jueces. Ahora pretende reformar la Ley Orgánica de Poder Judicial para que -como en su opinión la justicia es de derechas- garantizarse más jueces y fiscales afines. ¿Y cómo?Pues cambiando el sistema de acceso a la carrera judicial e introduciendo cambios en el sistema de elección de las salas de gobierno de los tribunales.

El anteproyecto de ley orgánica suprime la prueba oral y se introduce una prueba escrita consistente en un caso práctico para poder ser juez o fiscal. Es decir, los candidatos ya no sólo tendrán que demostrar su capacidad memorística, sino también su capacidad para relacionar los conceptos aprendidos y su capacidad de explicar por escrito la aplicación de la ley. Los exámenes serán anónimos, se creará un centro público para preparar las pruebas, limitando la actuación de los centros privados, y habrá becas de estudio porque, según el Gobierno, los que ahora logran ser jueces son en su mayoría personas de familias con recursos suficientes para poder pasarse años opositando. O sea, gente de derechas.  Todo un despropósito para justificar su sectarismo.

Parece evidente que Pedro Sánchez, acosado por los casos de corrupción que rodean a su familia y a su partido, ha decidido dar un paso adelante y pasar al ataque, aunque su plan represente todo un atentado a la independencia de los jueces. Eso le importa poco, porque lo que pretende es garantizarse la impunidad necesaria para zafarse del cerco de la justicia. La nueva norma redefine el acceso a las Salas de Gobierno de los tribunales para que el acceso a las presidencias se haga mediante el voto telemático y sólo se permitirá votar a un candidato de los que se presenten a cada sala de gobierno a diferencia de los seis que se eligen en la actualidad. Igualmente, se reduce el mandato de estos órganos de los cinco años actuales a tres, impulsando así que no exista estabilidad en las salas de Gobierno. 

Por si esto fuera poco, el Ejecutivo se arroga la potestad de elegir a los representantes de la Comisión de Ética judicial, que pasará a tener nueve miembros: cinco jueces elegidos por la carrera judicial y cuatro miembros no judiciales elegidos por el Congreso entre catedráticos afines al poder político. Y para rematar su plan se agilizará el llamado cuarto turno, que actualmente está reservado para juristas de reconocido prestigio. Un coladero para meter, de nuevo, a personas afines. En definitiva y volviendo al principio: Sánchez, rodeado, está dispuesto a todo con tal de someter a los jueces. Esto es un asalto a la democracia por etapas.