Redes de humo

Lo han vuelto a hacer. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha perfeccionado en los últimos años una coreografía que se repite con una precisión inquietante ante cualquier tragedia. Tras la conmoción social, vienen los anuncios institucionales de gran impacto y, finalmente, el desplazamiento del foco mediático. Bajo el mandato de Sánchez, esta secuencia ha dejado de parecer una coincidencia para convertirse en un patrón de supervivencia política donde el titular pesa más que la ejecución real de las soluciones.

El caso de la DANA de 2024 es el ejemplo más evidente. Las lluvias torrenciales registradas entre finales de octubre y comienzos de noviembre dejaron decenas de fallecidos, miles de damnificados y daños multimillonarios en infraestructuras y viviendas. La conmoción social era absoluta. Apenas días después, el Consejo de Ministros aprobó un paquete extraordinario de ayudas económicas, reconstrucción de infraestructuras y revisión de sistemas de prevención hidráulica. El anuncio llegó con una rapidez inversamente proporcional a las disculpas, dando lugar a ruedas de prensa, comparecencias institucionales y promesas de reconstrucción urgente dominando la agenda informativa durante jornadas completas.

Pero cuando el ruido mediático comenzó a diluirse, empezaron a aflorar los datos incómodos. A comienzos de 2025, varios ayuntamientos afectados denunciaban públicamente retrasos en el pago de indemnizaciones y dificultades burocráticas para acceder a las ayudas prometidas. Proyectos hidráulicos anunciados como respuesta estructural a futuras inundaciones seguían en fase de estudio técnico o pendientes de licitación. La reconstrucción avanzaba con lentitud mientras el debate político ya había migrado hacia otros asuntos. Y, llegado a este punto, toca desenmascarar la jugada. Un impacto político del anuncio inmediato, frente al retraso e ineficacia o, en el peor de los casos, no ejecución de las medidas.

La repetición del esquema alcanzó su punto más polémico tras el accidente ferroviario de 2026, que volvió a sacudir la confianza ciudadana en la seguridad del sistema ferroviario español. El siniestro, ocurrido a comienzos de ese año y que se saldó con 47 víctimas mortales, reabrió el debate sobre mantenimiento de infraestructuras, modernización tecnológica y control del sistema ferroviario. La respuesta institucional no se hizo esperar y volvió a coincidir de forma milimétrica con anuncios sociales de alto impacto mediático como el decreto ómnibus y las pensiones, como careta de sus artimañas en materia de okupación y como cóctel molotov contra «las derechas», la regularización de 500.000 inmigrantes y el consecuente estruendo, el pretendido blanqueo de ETA como banda criminal, la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, la nacionalización de «nietos en el exilio»…

Mientras el debate sobre el accidente ferroviario sigue abierto, la agenda mediática gira y gira hacia el impacto económico y social, hacia claves mediáticas que alteran al mismísimo Elon Musk, con detonantes como el grave efecto llamada y el colapso de «potenciales votantes» redactando declaraciones de intenciones con las que pasearse por las calles patrias con todos sus derechos, pero ninguna obligación.

No se trata de cuestionar la legitimidad de medidas, ni siquiera el cumplimiento de ellas, cosa que en su mayoría sigue «vacante». El problema reside en la burda utilización política dentro del calendario comunicativo. La coincidencia entre tragedias y anuncios genera una reorientación de la conversación pública hacia debates donde el Gobierno se mueve con mayor comodidad política, diluyendo el escrutinio sobre la gestión de la crisis. Crisis que ascienden, solo en los casos mencionados, a 275 víctimas mortales.

Sánchez y sus ministros se defienden apelando a calendarios legislativos inevitables y a la complejidad administrativa de grandes proyectos. Pero ni este argumento es creíble, dadas las eficientes maneras que el ejecutivo emplea para determinadas cosas, ni la comunicación política es inocente. Introducir anuncios de alto impacto inmediatamente después de una tragedia en una sociedad donde la agenda mediática define la conversación pública, más que una decisión política es una herramienta para controlar el relato.

Cuando las víctimas ven cómo su tragedia, las inevitables y las sí evitables, desaparece rápidamente del debate público mientras las soluciones prometidas tardan años en materializarse, la confianza institucional se erosiona por la sensación de que el impacto político del titular importa más que la resolución real de los problemas. Pero este tipo de política tiene un coste profundo al descubrirse que la solución era solo una promesa que se acaba esfumando al apagarse la presión mediática.

Además de atribuirle a la política una ruindad injusta, la erosión se propaga de forma capilar a todo el espectro político en la percepción de los ciudadanos en general y las víctimas en particular. Y aunque sea un alto precio el que los justos pagan por los pecadores, bien es cierto que también con ello se ponen de manifiesto certezas que no resultan al gusto de unos y otros. Y es que hay partidos que, llevan por bandera el valor de la palabra. Y además de decirlo, lo cumplen. Versionando a Hawking, «Mientras haya alternativa, hay esperanza».