¿Quién le para los pies a Twitter?

El pasado miércoles 18 de septiembre Twitter me comunicó que había bloqueado mi cuenta por publicar un tuit que según ellos incumple una de sus reglas que prohíbe las conductas que incitan al odio contra determinados colectivos de personas. La sanción a la que me condenaron era de sólo 12 horas a condición de que yo reconociera mi culpa y aceptara su condena renunciando a apelar tan arbitraria decisión. En caso de que no “tragase”, la condena inicial de 12 horas podría extenderse sine die hasta que quisieran resolver. Apelé y ya han pasado 7 días esperando a que me devuelvan mi cuenta, con lo que el ejercicio de mi actividad como articulista de OKDIARIO se está viendo perjudicado por el caprichoso veredicto de esa red social. Podríamos discutir sobre la forma como Twitter aplica esa regla que en teoría pretende poner freno al acoso contra colectivos supuestamente discriminados, pero que en la práctica sólo sanciona las opiniones de quienes discrepamos del discurso único de la extrema izquierda, habiendo llegado incluso a suspender las cuentas de la asociación de víctimas del terrorismo COVITE y de su presidenta Consuelo Ordóñez, pero no es de eso de lo que quiero hablaros hoy.

Tampoco pretendo contaros la existencia de grupos organizados de extrema izquierda que manipulan el sistema de reportes de Twitter para censurar las opiniones críticas con la ultra izquierda, porque de esa cuestión ya escribí en el artículo “Los algoritmos que fallan en Twitter”. Lo que pretendo hoy es cuestionar la legitimidad de Twitter y Facebook para censurar ninguna opinión. La Constitución española reconoce en su artículo 20 la libertad de “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” y de “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, sin “censura previa”. El Tribunal Constitucional ha reconocido la libertad de expresión como uno de los derechos más relevantes a proteger. Nuestro Código Penal regula el delito de odio en su artículo 510 que dice que se castiga a aquellas personas que, “públicamente, fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o hacia una persona por su pertenencia a este grupo por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Pero la inmensa mayoría de las opiniones censuradas por las redes sociales no incitan ni promueven la discriminación o la hostilidad y sólo un tribunal con todas sus garantías procesales puede distinguir lo que es delito de odio de lo que sólo es una opinión que a los “progres” les resulta desagradable. Por supuesto que Twitter no decide los tuits que censura en base a procesos judiciales con garantías sino que, muy al contrario, sus procedimientos son oscuros, arbitrarios y despóticos. Seguramente sea un jovencito mal pagado quien haya decidido censurar mi tuit y mantener bloqueada mi cuenta, con lo que está impidiendo injustamente que pueda llevar a cabo mi trabajo de articulista con normalidad. Muchos diréis que es una empresa privada y que los usuarios aceptamos sus normas cuando nos abrimos una cuenta. Me imagino que con ese mismo argumento defenderéis las cláusulas abusivas de los bancos e incluso estaréis a favor de las empresas que os envenenan por listeriosis al incumplir la normativa sanitaria, porque libremente decidisteis consumir su carne mechada o suscribir una hipoteca trampa.

No, Twitter no puede hacer lo que le da la gana, los servicios que presta en España deben cumplir nuestras leyes y sus reglas deben respetar nuestra normativa, sobre todo en lo que hace referencia a la constitucional libertad de expresión. Si los gestores de Twitter observan un tuit que ellos piensan que incumple nuestro Código Penal deben ponerlo en conocimiento de las autoridades y sólo nuestros juzgados deberían poder decidir que una opinión sea censurada. Ya es hora de que nuestros representantes tomen las riendas de esta cuestión y obliguen a las redes sociales a respetar nuestros derechos fundamentales.