¿Quién dijo que ETA había desaparecido?
El adoctrinamiento a menores de edad se extiende como una pandemia. Si ayer denunciábamos los innumerables casos que se dan en Cataluña y pedíamos la inmediata actuación de la Fiscalía de Menores, este miércoles ponemos de relieve una realidad igual de grave. Incluso, más. Navarra vuelve a ser el escenario del adoctrinamiento etarra. La presidenta autonómica, Uxue Barcos, ha extendido un cheque en blanco para que Bildu intente batasunizar la realidad social y educativa de la Comunidad Foral. Resulta incomprensible que en el instituto Lecaroz Elizondo obliguen a sus alumnos a leer un libro de propaganda radical escrito por Ernesto Urzainki.
Más si cabe porque este miembro del ilegalizado partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) fue detenido por la Guardia Civil en 2012 tras más de cuatro años huido en el sur de Francia. La novela no es más que un libelo a mayor gloria propagandística de una plataforma proetarra que opera en la localidad de Baztán. Los ciudadanos no deben olvidar estos hechos de cara a las próximas elecciones, donde la independentista Uxue Barcos debería pagar en las urnas su connivencia con el partido del criminal Arnaldo Otegi. Por desgracia para los navarros, este tipo de actos son una constante desde que Barcos llegara al poder aupada por podemitas y abertzales.
El español es una lengua cada día más perseguida en la región mientras el euskera se impone en los carteles de ciudades y pueblos. No sólo eso, ya que hace casi un año Geroa Bai cumplió los designios de Bildu y permitió que la ikurriña ondeara en los edificios públicos en detrimento de la bandera de Navarra. La enseña vasca es absolutamente legal y respetable, pero dentro de País Vasco y no secuestrada por los herederos de ETA para despreciar la españolidad de los navarros al tiempo que tratan de imponer una suerte de colonialismo institucional. Adoctrinar a los escolares en el odio a España o ir en contra de los símbolos nacionales es igual que ir en contra de la Constitución y, por lo tanto, atacar la legalidad vigente. Tendencias que hay que perseguir para garantizar la salud plena de nuestro Estado de Derecho.
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