¿Por qué se le permitió?

El caso de Luis Bárcenas y su amnistía fiscal se encuentra bajo la alargada sombra de la sospecha. Resulta muy difícil de entender que el ex tesorero pudiera acogerse a la medida decretada por el Gobierno en 2012 cuando la Fiscalía Anticorrupción lo había acusado de delito fiscal en febrero de 2009. Una fecha en la que ya había declarado por primera vez como imputado por la trama Gürtel. Para entonces, el juez Pablo Ruz tenía muy avanzada la investigación sobre sus cuentas, de ahí que sea inexplicable cómo pudo regularizar los 21,9 millones de euros que había tenido en Suiza entre los años de 2006 y 2010. Una maniobra por la que pagó un tipo impositivo muy bajo: el 6,6%, lo que le permitió «cumplir» con la Hacienda española con la irrisoria cantidad de 1,4 millones. Una proporción muy por debajo del 10% que establecía el Real Decreto 12/2012. También llama poderosamente la atención la extemporánea reacción de la Agencia Tributaria. En una demostración de cómo hacer las cosas tarde y mal, remitieron un informe a Pablo Ruz el 18 de febrero de 2014 en el que informaban de la imposibilidad de Luis Bárcenas para acogerse a dicha amnistía por estar imputado por un delito contra la Hacienda Pública.

El documento llegaba dos años después de que el ex alto cargo popular se beneficiara de la amnistía y cinco después de su imputación por la Gürtel. Unos hechos que dejan una pregunta muy clara: ¿Por qué se le permitió? Desde su origen, la amnistía fiscal ha sido una medida controvertida. Inmoral para unos y necesaria para otros. Entre sus aspectos negativos destaca el hecho de que los defraudadores consiguieran unas condiciones muy ventajosas para regularizar el dinero. Tanto que, en una deferencia incomprensible, la regularización se pudo hacer en efectivo, lo que incapacitaba a la Agencia Tributaria para descubrir el origen de las cantidades. Bien es cierto que, por otra parte, el Gobierno consiguió que afloraran 40.000 millones de euros. No obstante, en el caso particular de Bárcenas, la justicia debe obligarle a rendir las cuentas que tenga pendientes por la sospechosa indulgencia de su amnistía fiscal.