¿Por qué el Govern sigue marginando el español?

El Govern balear ha vuelto a orillar el español en una carta con consejos preventivos contra la gripe y otras enfermedades infecciosas que han enviado las consejerías de Educación y Sanidad a las familias. Parece que a la Administración le importa poco que se le entienda cuando se niega a enviar la misma carta en los dos idiomas oficiales de esta comunidad.

Precisamente, este y no otro es el significado de «lengua oficial», la lengua mediante la cual una administración se hace entender a sus administrados. Más allá de adjetivaciones varias como «propia», «histórica», «nacional» o «vehicular» que son conceptos más vidriosos, el de «lengua oficial» es un concepto ampliamente reconocido en el mundo entero porque es la lengua que la Administración utiliza para la publicación de sus instrumentos legales. Sin más. Y si hay dos lenguas oficiales, como ocurre en Baleares, esto significa ni más ni menos que el administrado tiene el derecho a dirigirse a las administraciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales y éstas tienen el deber de responder (y hacerse entender) en la lengua de preferencia (castellano o catalán) de todos y cada uno de los administrados. Todo lo demás es literatura.

Sin embargo, llueve sobre mojado. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los proyectos lingüísticos de centro -la trampa saducea con la que el catalanismo ha convertido un modelo de conjunción lingüística en uno de inmersión obligatoria después de ganarse el favor de los directores de centro, los responsables en última instancia de aprobar estos proyectos lingüísticos- dejan negro sobre blanco la exclusividad del catalán en las comunicaciones de los centros educativos con las familias. No sólo se obliga a los niños a sumergirse en catalán sino que, en su férula normalizadora, se pretende que los padres hagan lo mismo… vía intercesión filial.

Basta leer algunos proyectos lingüísticos de centro para percatarse del despropósito de unos documentos oficiales que a veces parecen redactados con el único objeto de cumplir el expediente pero que justifican de hecho el régimen lingüístico del centro, casi siempre de inmersión, respaldado a menudo en unos argumentos dudosamente sociolingüísticos que a veces tanto valen para un colegio de Son Gotleu como para uno de Montuïri. En estos documentos oficiales que, repetimos, rayan el disparate y que provocarían hilaridad si no causaran tanto daño al rendimiento académico sobre todo de los castellanohablantes menos pudientes y no digamos si además arrastran algún retraso cognitivo, podemos hallar instrucciones precisas sobre cómo se debe tratar a las familias. Padres que no entienden el catalán son invitados amablemente a quedarse después de la reunión para hacerles un resumen en castellano. O padres castellanohablantes a los que el profesor se dirige en catalán en reuniones individuales a menos que no lo entiendan y protesten por ello y siempre que… ¡el niño no esté presente!

Lo que no es de recibo es que a estas alturas el consejero Toni Vera todavía no haya hecho ningún movimiento para terminar con estos arbitrarios proyectos lingüísticos de centro.