Opinión

El problema de la inmigración no se resuelve escondiéndolo en ‘albergues’ ilegales

El hecho de que vecinos del madrileño Parque de las Avenidas hayan expresado su temor ante la próxima apertura de un albergue que podría destinarse a los acogida de inmigrantes obliga al Gobierno a aclarar sin mayores dilaciones cómo está llevando a cabo la gestión de estas personas en situación irregular y que no pueden bajo ningún concepto ser tratadas como si fueran mercancías.

Y es que el reparto por distintas comunidades se está llevando a cabo en medio de la más absoluta opacidad y sin informar a los diferentes territorios. Por decirlo de una manera más clara: el Ejecutivo se quita el problema de encima recurriendo a distintas organizaciones que son las que se encargan de buscar los mal llamados «centros de inmigración»,  que no cumplen en muchos casos con los requisitos necesarios para convertirse en centros de acogida, pues ni solicitan permiso a las comunidades de propietarios ni cuentan con las licencias obligatorias. El próximo albergue que abrirá sus puertas en Madrid está situado en una serie de locales sin salida de emergencia que, en absoluto, están preparados para acoger a estas personas. Lo que más sorprende,  en todo caso, es que el Gobierno se desentienda y se limite a recurrir a estas organizaciones sin hacer un seguimiento de los inmigrantes, lo que supone abdicar de forma vergonzosa de su responsabilidad.

Da toda la sensación de que el Gobierno se limita a quitarse el problema de encima y a mirar para otro lado, sin reparar en que la situación de estas personas tiene que estar bajo permanente control administrativo. Que estas organizaciones que intervienen como intermediarias alojen en régimen de semiclandestinidad a los inmigrantes en espacios que no están destinados a tal fin supone un problema para estas personas y también para las comunidades de vecinos que, sin su consentimiento, se encuentran ante la sorpresa de que sus locales son utilizados como improvisados albergues carentes de licencia y de garantías para ser considerados centros de inmigración.