La peligrosa tentación del incremento del gasto público

Nos encontramos en un momento económico muy complicado derivado de la vertiente económica de la crisis provocada por el coronavirus. El Gobierno no adoptó medidas tempranas, como habría sido el cierre de fronteras con China en enero, por ejemplo, además de otras medidas suaves, para evitar, así, un contagio exponencial, que habría permitido no tener que tomar después las duras medidas que han hundido la economía al decretar su cierre productivo en marzo.

Una vez paralizada la actividad económica, comenzaron a diseñarse planes de actuación que paliasen la caída y tratasen de sostener la actividad y el empleo. Todo ello supone gasto -no el de los avales para la financiación siempre que no necesiten ser ejecutados por fallar el avalado, aunque riesgo alto de ejecución, en las actuales circunstancias, hay; de hecho, si no se hubiese prorrogado la carencia de principal, ya habrían empezado a fallar muchos de esos préstamos-, que tensa el déficit. Adicionalmente, sólo el juego de los estabilizadores automáticos, que incrementa el gasto por aumentar el número de prestaciones por desempleo y disminuye los ingresos por la menor recaudación derivada de la pérdida de actividad, impacta de manera muy importante en el saldo presupuestario, agrandando el déficit.

Todo ello, nos lleva a una situación que en 2020 dibuja un déficit cercano al 14% del PIB, como estiman el conjunto de organismos nacionales e internacionales, como son el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea o la OCDE, entre otros, con una estimación de desequilibrio en las cuentas públicas de entre el 5% y el 8% en 2021.

Pues bien, lo peligroso de todo ello es la tentación de incremento de gasto público que tienen todas las administraciones al estar suspendido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. El Gobierno, con la lluvia de millones que espera recibir de los fondos europeos, anota gasto y gasto en sus presupuestos, hasta 27.000 millones en 2021, cuando no llegarán hasta el último trimestre, con difícil grado de ejecución o con la puesta en marcha a cuenta de más deuda, aunque sea temporal.

Del mismo modo, ha tratado de regar a las CCAA con un fondo equivalente a 1,1 puntos porcentuales de PIB, dejándoles la posibilidad de endeudarse por otro 1,1% más. Cada punto de PIB son 11.000 millones de euros, en números redondos, que van a engrosar la deuda española, con independencia del nivel de la administración en el que se coloque el gasto y el endeudamiento.

De ese modo, no sólo el Gobierno de la nación va a tener la tentación de gastar más, que ya lo hace, sino que las CCAA, con unos ingresos inflados artificialmente tanto en 2020 como en 2021 -que tendrán que devolver de manera millonaria en las liquidaciones de 2022 y 2023, que al ser años cercanos a las elecciones, podemos esperarnos lo peor-, pueden también gastar más de lo que necesitan, bien porque algunos son de tendencia natural al gasto, bien porque otros, los menos, tienen miedo de que les pueda sobrar el dinero y cerrar con superávit en un año azotado por la pandemia.

Los primeros, deberían dejar de criticar las bajadas de impuestos y, al mismo tiempo, acabar con el derroche de fondos del contribuyente al que nos tienen acostumbrados. Los segundos, deberían armarse de valor y, si les sobra dinero, cerrar con superávit y amortizar deuda, que no nos vendría nada mal. A estos últimos los van a criticar políticamente hagan lo que hagan, así que, por lo menos, que sea por hacer las cosas bien.

Por su parte, los ayuntamientos tampoco deberían querer tener tanto margen para poder gastar sus remanentes, porque es crear un gasto estructural donde no lo hay, que puede ser muy nocivo a futuro.

No se puede generar más gasto, y menos estructural, porque la economía española no soporta mucho más endeudamiento, pese al paraguas de la eurozona y del BCE, que, obviamente, no iban a dejar que España colapsase, pero que si España se endeudase tanto que pudiese suponer un riesgo para la estabilidad del euro, no dudarían en intervenirla e imponerle recortes muy duros, los cuales se pueden evitar si quienes gobiernan son responsables y sensatos.

Yo, desde luego, si estuviese en la posición de quienes administran el dinero del contribuyente y después de haber atendido todas las necesidades extraordinarias de esta pandemia me sobrase un remanente, cerraría el ejercicio con superávit y amortizaría deuda. Es cierto que al dirigente que haga esto pueden criticarlo políticamente en el corto plazo, pero, insisto, más vale recibir esa crítica política momentánea y hacer las cosas bien, que tratar de evitar la crítica ahora, que, en cualquier caso, llegará, y ser parte de la generación de un problema de deuda mucho mayor.

España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar, máxime ahora que los políticos pueden aprovechar que no hay un calendario electoral cercano, lo que debería ahuyentar la tentación política de querer ofrecer medidas electorales de gasto a los votantes. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos y llevar a cabo un control riguroso para que no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo.