El pasado que regresa: justicia y la sombra global de Hezbolá
Treinta años después, el terrorismo vuelve a hablar en presente.
La solicitud de Washington a Venezuela para la extradición de Ali Zaki Hage Jalil hacia Panamá —vinculado a Hezbolá y al atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994— no es sólo un acto judicial. Es un mensaje geopolítico.
El 19 de julio de 1994, una explosión en pleno vuelo mató a 21 personas, 12 de ellas judías, en uno de los ataques más letales contra comunidades judías en América Latina. El atentado ocurrió apenas un día después del ataque a la AMIA en Argentina, que dejó 85 muertos. Dos ataques, dos países, un mismo patrón: Hezbollah operando más allá de Oriente Medio.
Durante décadas, este crimen permaneció suspendido entre la impunidad y la geopolítica. Hoy, con la posible extradición del sospechoso detenido en Venezuela —donde residía en la isla de Margarita— el caso entra en una nueva fase de justicia internacional.
Pero el significado va mucho más allá.
Este caso confirma lo que Israel ha sostenido durante años: Hezbolá no es solo una milicia regional, es una red global. Desde Beirut hasta América Latina, su estructura ha operado en silencio, infiltrándose en sistemas financieros, migratorios y políticos.
Venezuela es una pieza clave en ese entramado.
Investigaciones y reportes de inteligencia han señalado durante años la presencia de redes vinculadas a Hezbolá en la isla de Margarita, funcionando como centro logístico y financiero. La figura de Ghazi Nasr al Din —ex diplomático venezolano sancionado por Estados Unidos— es uno de los ejemplos más visibles de esta conexión estructural entre el régimen venezolano y la organización chií.
Según fuentes de la oposición venezolana, más de 10.000 pasaportes habrían sido otorgados a ciudadanos de origen libanés, sirio e iraní, en un sistema opaco que abre interrogantes sobre identidades, redes y movilidad internacional.
Hezbolá no se instala con tanques. Se instala con documentos.
En este contexto, la presión de Estados Unidos sobre Caracas —hoy bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez— refleja un cambio estratégico. La Venezuela que durante años fue un refugio político para actores vinculados a Irán y Hezbollah, ahora enfrenta un escenario distinto: uno donde la impunidad comienza a ser cuestionada.
Este giro no es casual. Es parte de una reconfiguración más amplia impulsada desde Washington en el marco de la actual confrontación con Irán y sus proxies.
Para Israel, el significado es aún más profundo.
La guerra contra Hezbolá en Líbano no es sólo una batalla territorial. Es un intento de desarticular una red que ha operado durante décadas como un «Estado dentro del Estado», financiado y armado por Irán desde 1982.
El propio liderazgo libanés, encabezado hoy por el presidente Joseph Aoun, reconoce el peso destructivo de Hezbolá dentro del país: una estructura que ha debilitado la soberanía libanesa y ha arrastrado a su población a conflictos ajenos.
Un cáncer político, militar y social.
La extradición de Jalil es, en ese sentido, más que justicia tardía. Es la evidencia de que el pasado no desaparece: se acumula… y eventualmente regresa.
Regresa en forma de juicios, de archivos reabiertos, de nombres que resurgen en un tablero internacional distinto.
Pero también regresa como advertencia.
Porque la lucha contra el terrorismo ya no es local ni regional. Es sistémica. Conecta Oriente Medio con América Latina, redes clandestinas con estructuras estatales, ideología con crimen.
Y deja una pregunta incómoda pero inevitable:
¿Cuántas otras historias, aún enterradas en la geografía del terrorismo global, están esperando su momento de justicia?
Reflexión.
Desde una perspectiva política, diplomática y estratégica, este caso redefine el alcance del conflicto actual. Israel no enfrenta solo a Hezbollah en el sur del Líbano: enfrenta una arquitectura global construida durante décadas.
La extradición de Ali Zaki Hage Jalil simboliza algo esencial: que la guerra contra el terrorismo no termina en el campo de batalla, sino en la persistencia de la memoria, en la presión diplomática y en la capacidad de los Estados de actuar más allá de sus fronteras.
La justicia, aunque tarde, también es una forma de disuasión.
Y en este nuevo orden, donde el terrorismo es transnacional, la respuesta también debe serlo.
(*) Nicole Mischel Morely es periodista venezola israelí.