Otro flagrante ataque a la Constitución

La acusación popular es una figura reconocida en nuestro derecho y regulada en el artículo 125 de la Constitución que faculta tanto a personas físicas como jurídicas a personarse en un proceso judicial penal, aunque no se hayan visto afectadas directamente por el delito en cuestión. Es, en suma, una figura que no actúa por interés propio, sino en defensa de la legalidad. Es evidente que puede reformarse para hacerla más eficaz, pero lo que ahora pretende el Gobierno socialcomunista es, sencillamente, demolerla. Y lo hace para garantizarse el control de los procesos judiciales. Su intención es que ni administraciones públicas, ni partidos políticos ni sindicatos puedan ejercerla. Si, por un lado, controla a la Fiscalía -como reconoció abiertamente el presidente del Gobierno en una entrevista radiofónica- y por el otro liquida la acusación popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tendrá manos libres para allanar cualquier proceso judicial en el que se vean afectados, bien de forma directa o indirecta.

En suma, lo que pretende el Gobierno es quitarse del medio a todos los actores a los que la Constitución otorga un papel relevante en la defensa de la legalidad. Una tropelía, otra más, que revela que el socialcomunismo está dispuesto a triturar todos los diques de contención para hacer de su capa totalitaria un sayo. Si con la reforma que pretende el Ejecutivo sólo la Fiscalía puede ejercer la acusación y el Ministerio Público depende del Gobierno, ¿quién vela por la defensa de la legalidad?

El acoso al Poder Judicial, la ofensiva contra los medios de comunicación o el desprecio a los pronunciamientos del Constitucional al plegarse a los golpistas catalanes para que el  español deje de ser lengua vehicular en Cataluña, son algunos ejemplos del nulo respeto que el Gobierno tiene a la Carta Magna, a la que quiere convertir en papel mojado. El artículo 125 de la Constitución es muy claro, tanto como las intenciones de un Ejecutivo reñido con el Estado de Derecho.