No se pueden cambiar las reglas a mitad de partido

Nadie duda del prestigio de Álvaro Nadal en el sector energético. El ministro de Energía se ha labrado una buena reputación a lo largo de su dilatada carrera. No obstante, la cruzada que parece haber emprendido contra las eléctricas no beneficia a nadie. Ni a las empresas ni a los ciudadanos ni tampoco a la imagen de España. Más allá de las pérdidas concretas en Bolsa —que son my importantes— queda la nociva sensación de inestabilidad que proyecta nuestro país de cara a los inversores internacionales y que podría extenderse a otros ámbitos. Así lo advierten entidades tan prestigiosas como Deutsche Bank o JB Capital Markets. Algo a evitar dado el momento crucial en el que se encuentra nuestra economía. 

Los fondos que participan en las grandes compañías españolas se plantearán desinvetir en nuestro país dada la incertidumbre regulatoria que planea sobre el sector después de que Nadal haya planteado adelantar a 2019 el final del sistema de retribución que fue aprobado en 2014 y que en teoría estaba vigente hasta 2020. Algo que incide de manera negativa en proyectos e inversiones ya comprometidas. Las consecuencias concretas del Nadalazo al cambiar las normas a mitad del partido son unas pérdidas de 7.000 millones de euros desde que el ministro planteara la modificación regulatoria con la que pretende reducir en 285 millones de euros anuales los ingresos de las distribuidoras de gas. 

Todas las compañías del sector han padecido una notable reducción en sus capitalizaciones bursátiles. Iberdrola ha cerrado este jueves con 3.700 millones de euros menos de los que tenía antes de conocerse dicha enmienda. Endesa, por su parte, ha caído 1.175 millones en ese mismo periodo. Caídas en cadena a las que no han sido ajena Gas Natural —980 millones—, Red Eléctrica —670 millones— o Enagás —450 millones—. Un auténtico jueves negro en el sector energético. Nadal debe considerar su postura y cejar en el empeño. De persistir esta incertidumbre, la calidad del suministro se vería afectada y, ante las pérdidas, el consiguiente incremento tarifario perjudicaría a los ciudadanos.