Ni Margallo, ni comisiones «Montserrat»: los españoles en el extranjero

Entre las muchas iniciativas peregrinas, conspiranoicas y mezquinas del independentismo más peregrino, conspiranoico y mezquino ha estado el crear una comisión de investigación del Congreso para analizar posibles vínculos del Estado con el atentado yihadista del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. ¡Qué infinito asco que da esa gente! Pero, como quizá no se les pueda enviar directamente al guano, la máquina se ha puesto en marcha y Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores del PP en los inicios del procés y después eurodiputado, ha asistido y nos ha contado sobre algo llamado comisión Montserrat. Un ente informal que constituyó el Gobierno de Mariano Rajoy para minimizar daños como que países como Israel apoyasen la causa independentista o el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El mismo Margallo redujo la comisión Montserrat a un «grupo de funcionarios, muchos de ellos catalanes, que creaban argumentos para transmitir a las embajadas españolas» para que, cuando la diplomacia catalana hiciera su trabajo, ellos tuvieran «material para contraargumentar y llegar a los gobiernos, a los parlamentos y a las opiniones públicas». Según Margallo, esta comisión se creó ante la situación que había generado el paso del presidente Artur Mas al independentismo y no supuso ningún gasto público extra.

Pues estupendo que no nos saliera muy cara. Porque la labor de todos los gobiernos españoles, incluidos los del PP, en contrarrestar la propaganda antiespañola siempre fue, pero que muy mejorable, como comprobé dolorosamente cuando a finales del 2015 llegué al Parlamento Europeo.
Ningún gobierno español había trabajado en serio para desenmascarar unos relatos que la ceguera y miseria de los independentistas y la izquierda hispanófoba habían fomentado durante años. El cuerpo diplomático o las oficinas de asuntos exteriores habían descuidado totalmente el control de la acción propagandística de la Generalitat. Creían que, como tenían la razón, caerían todo por su peso. Que con un trabajo sottovoce a nivel diplomático se iban a desactivar la calumnia y la Leyenda Negra. Encima, mucha de la actividad hispanófoba del secesionismo en el extranjero estaba financiada con dinero de bancos y fundaciones españolas que incumplieron su condición de controladores. Y, yo no sé si por dejadez, pereza o por el progreísmo mal entendido del mundo de la cultura, se extendió por universidades y medios de comunicación. En Alde, el grupo en el que estaba inscrita, mis compañeros no habían tenido otros interlocutores españoles que los nacionalistas vascos y catalanes, que habían hecho del descrédito de España su principal actividad política.

A finales de octubre del 2017, cuando ya se había perpetrado el intento de golpe de Estado en Cataluña, tuvimos una reunión con el entonces ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis. Le reprochamos la desidia en su trato con los medios de comunicación. Su falta de interés en comunicar lo sucedido en Cataluña a una prensa extranjera que, en muchos casos, lo comprobamos, estaba deseosa de saber la versión del Gobierno. ¡Es que fueron los ciudadanos españoles residentes en el extranjero quienes se organizaron! Nunca estaremos suficientemente agradecidos a estos españoles que se unieron para trabajar juntos en suplir la falta de reflejos del Gobierno de España y contrarrestar la incesante propaganda de los medios comprados por el secesionismo.

Gente de a pie, indignada por las mentiras del independentismo y atónita de que nadie las rebatiese. Gente que, en su tiempo libre, se dedicaba a escribir cartas para desmentir lo que había publicado un periódico belga o lo que decía una televisión británica. La sociedad civil española realizó una labor que correspondía a su Gobierno. Y espero que cuando este Ejecutivo amigo de los enemigoss caiga, alguien vuelva a dirigir la mirada a la realidad de esos años tan tristes y les rinda el homenaje que merecen.