Ley de Memoria Sectaria

Como era de esperar, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha desestimado todas las alegaciones que no le gustaban a su nueva Ley de Memoria Democrática (antes Memoria Histórica) y sólo ha recogido los postulados que iban en línea con una parte de las víctimas. Por decirlo más claro: el equipo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha emitido una «Nota de valoración de las aportaciones ciudadanas recibidas en consulta pública» en la que se estiman las ideas que apuntalan la visión sectaria del Gobierno y se rechazan las demás. Toda una demostración de pluralidad.

Así, se rechaza la propuesta de «reconocer que muchos crímenes cometidos en nombre del comunismo en España deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad, y en particular las matanzas de Paracuellos del Jarama y las Checas del Frente Popular». En total se han recibido 369 observaciones. Más de una veintena hacen referencia a los delitos cometidos por el bando republicano, pero estas aportaciones no merecen el comentario del Ministerio.

La asociación de Memoria Histórica Raíces, que trabaja para el reconocimiento de todas las víctimas, también pedía incluir en el articulado de la Ley puntos como: «La introducción de una legislación que permita a los tribunales de justicia juzgar y condenar a los culpables de los crímenes comunistas en España y compensar a las víctimas del comunismo y a sus familiares» o «La formulación de un enfoque común respecto de los crímenes comunistas a fin de definir claramente una actitud común frente a sus crímenes en España». Naturalmente, el Gobierno socialcomunista ha dicho que nones.».

Sobre las alegaciones que sí contempla, el Ministerio de Carmen Calvo detalla que «muchas aportaciones se han centrado en cuestiones muy diversas destacando entre las mismas la búsqueda de desaparecidos, la sistematización de la información, la retirada de vestigios y símbolos franquistas, el acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, los medios para la identificación de desaparecidos, el tratamiento de distintos lugares de Memoria, medidas de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas, medidas en materia de educación, la nulidad de las sentencias dictadas por razones políticas durante la Guerra Civil y el franquismo, la restitución de la incautación de bienes durante el franquismo o sobre el futuro o proyectos de resignificación del Valle de los Caídos».

La «Memoria Democrática» del Gobierno tiene muy poco de democrática y mucho de sectaria. Y a las pruebas nos remitimos.