La inmigración irregular, un gigantesco agujero sanitario

El Gobierno socialcomunista ha reconocido en una respuesta parlamentaria que el número provisional de personas en situación irregular llegadas a costas españolas por «medio de embarcaciones» durante marzo, abril y mayo, en plena pandemia y con las fronteras cerradas, fue de 1.940. A las que hay que sumar las 61 que en el mismo periodo entraron saltando la valla de Ceuta y Melilla. Es decir, 2.001.  Del mismo modo, el Ejecutivo reconoce que «desde el instante en que Salvamento Marítimo en alta mar, o Cruz Roja, ya en el puerto, detectasen a alguna persona con síntomas que pudieran ser indicativos de sospecha de riesgo para la salud pública, deberán actuar conforme al «Protocolo de Sanidad Exterior» y al «Manual de actuación ante alertas sanitarias en fronteras’, que no contempla la realización de test PCR.

Concretamente, el protocolo establece, entre otros, el procedimiento de recepción, acogida y posterior derivación, estableciendo la obligación de adoptar medidas de distancia social, aislamiento y lavado de manos, utilización de equipos de protección individual y pruebas diagnósticas sólo «cuando sea necesario», sin especificar cuándo y en qué circunstancias sería necesario. De modo que cabe concluir que las 2.001 personas que entraron en España de forma irregular en España no fueron sometidas a pruebas diagnósticas.

Algunos de los últimos brotes registrados en España tienen su origen en pacientes que son inmigrantes irregulares, algunos de los cuales se han dado a la fuga tras constatarse que estaban contagiados. Concretamente, el paciente cero del brote de Navalmoral de la Mata (Cáceres) es un inmigrante llegado en patera a Almería y que fue enviado por la Delegación del Gobierno a Extremadura sin ser sometido a un test PCR dado su carácter asintomático.

Parece evidente que las medidas de control sanitario llevadas a cabo  por el Ejecutivo sobre personas que, por sus condiciones y sus países de origen entrañan un  riesgo evidente, han resultado nulas o claramente insuficientes. No se pueda apelar a la responsabilidad de la sociedad española para evitar más rebrotes y, al tiempo, permanecer cruzado de brazos y no llevar a cabo el más mínimo control sobre las personas que entran en España de forma irregular. Es, sencillamente, impresentable.